El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, resuena este año con un eco particularmente sombrío en Perú. Lo que comenzó en 1999 como un homenaje a las hermanas Mirabal, “Las Mariposas” dominicanas brutalmente asesinadas por la dictadura de Trujillo, se ha convertido en un llamado global a la acción. Sin embargo, en Perú, ese llamado parece estar siendo ahogado por un retroceso legislativo que amenaza con desmantelar los avances logrados en la protección de las mujeres.
La situación en Perú es alarmante. Las cifras de violencia de género son persistentemente altas, reflejando patrones históricos y culturales profundamente arraigados. Según datos recientes, una de cada tres mujeres peruanas ha sufrido alguna forma de violencia física, sexual, psicológica o económica a lo largo de su vida. En 2023, se registraron 145 feminicidios, y las denuncias de violencia sexual aumentaron en un 15% en comparación con el año anterior. Además, la violencia en el ámbito doméstico, exacerbada por la pandemia de COVID-19, sigue siendo una preocupación crítica. La falta de acceso a servicios de apoyo, la impunidad de los agresores y la normalización de actitudes machistas contribuyen a perpetuar este ciclo de violencia.
La violencia contra la mujer ha evolucionado, manifestándose en diversas formas que van más allá de la agresión física. La violencia psicológica, que incluye el control, la humillación y la manipulación, es una de las más comunes y devastadoras. La violencia económica, que se manifiesta a través de la restricción de recursos financieros y la dependencia económica, limita la autonomía de las mujeres y las hace más vulnerables a la violencia. La violencia simbólica, que se perpetúa a través de estereotipos de género y roles tradicionales, refuerza la desigualdad y la discriminación. Y, cada vez más visible, la violencia digital, que incluye el acoso en línea, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y el ciberstalking, representa una nueva amenaza para la seguridad y la privacidad de las mujeres.
En este contexto, la aprobación del Proyecto de Ley 8731/2024-CR, ahora “Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, representa un duro golpe para la lucha contra la violencia de género en Perú. Promovida por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, la ley elimina el enfoque de género de las políticas públicas, argumentando que promueve la discriminación y la división social. Sin embargo, especialistas advierten que esta medida debilita la capacidad del Estado para comprender, medir y enfrentar la violencia contra la mujer de manera efectiva.
La eliminación del enfoque de género implica que las políticas públicas ya no estarán diseñadas para abordar las necesidades específicas de las mujeres y las niñas, ni para combatir las desigualdades estructurales que las hacen más vulnerables a la violencia. Esto significa que se perderán oportunidades para implementar programas de prevención, protección y atención integral a las víctimas. Además, la ley dificulta la recopilación de datos desagregados por sexo, lo que impide evaluar el impacto de las políticas públicas y tomar decisiones informadas.
La situación en Perú contrasta marcadamente con los avances logrados en otros países. España, por ejemplo, ha implementado un modelo integral robusto que incluye leyes específicas, sistemas de protección especializados y programas de prevención y sensibilización. La Ley Orgánica de 2004 española ha permitido mejorar la detección temprana de la violencia y reducir la violencia letal. Argentina, por su parte, ha reconocido diversas formas de violencia, incluyendo la violencia simbólica, mediática y obstétrica, y ha implementado medidas como la Ley Micaela, que obliga a capacitar a todo el Estado en género. México ha creado las Alertas de Violencia de Género, que activan medidas inmediatas cuando se detecta riesgo extremo o feminicidios reiterados. Chile, con su nueva Ley Integral, reconoce la violencia digital, vicaria y obstétrica, y ha fortalecido los tribunales especializados. Incluso Canadá ha adoptado un enfoque interseccional que incluye refugios, políticas para mujeres indígenas y programas de reeducación para agresores.
Mientras estos países avanzan en la protección de los derechos de las mujeres, Perú retrocede, desmantelando los enfoques que permiten comprender y enfrentar la violencia de género de manera efectiva. Esta decisión no solo es preocupante desde una perspectiva de derechos humanos, sino que también tiene consecuencias económicas y sociales significativas. La violencia de género genera costos directos, como gastos médicos y legales, y costos indirectos, como la pérdida de productividad y el impacto en la salud mental de las víctimas.
Para enfrentar esta crisis, especialistas y organismos internacionales coinciden en que Perú debería fortalecer el marco legal y normativo, implementar políticas públicas integrales, garantizar el acceso a servicios de apoyo para las víctimas, promover la educación en igualdad de género y combatir la impunidad de los agresores. Es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de los derechos de las mujeres y que se comprometa a erradicar la violencia de género en todas sus formas.
El 25 de noviembre no es solo una fecha simbólica, sino un recordatorio urgente de que sin enfoque de género no existe prevención real ni justicia posible. Es un llamado a la acción para que Perú se una a la comunidad internacional en la lucha contra la violencia de género y que garantice un futuro donde todas las mujeres y niñas puedan vivir libres de miedo y violencia. La vida de miles de mujeres, niñas y adolescentes está en riesgo, y Perú no puede permitirse el lujo de ignorar las experiencias y avances del mundo. Esta no es una disputa ideológica, sino una cuestión de derechos humanos fundamentales. Erradicar la violencia de género exige la acción decidida de un Estado responsable y una sociedad verdaderamente comprometida.
