Un juez federal de distrito ha emitido una orden directa a las autoridades migratorias de Estados Unidos para que procedan con la liberación de José Trinidad Rojas Pliego, quien se ha convertido en un testigo fundamental en el caso del tiroteo mortal que resultó en la muerte de un constructor de viviendas mexicano en la ciudad de Houston. El magistrado Keith Ellison estableció que la liberación de Rojas Pliego, quien se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debe hacerse efectiva en un plazo no mayor a 48 horas.
Esta decisión judicial llega después de que el juez Ellison ya hubiera bloqueado previamente cualquier intento de deportación contra el testigo. El fundamento legal de esta resolución se basa en los argumentos presentados por la defensa de Rojas Pliego, quien sostuvo que su detención prolongada representaba una violación directa a sus derechos al debido proceso, los cuales se encuentran consagrados en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El juez dio la razón al afectado, determinando que el procedimiento de detención no se ajustaba a los marcos legales vigentes.
El contexto de este caso se remonta a un incidente violento ocurrido el pasado 7 de julio. En aquella fecha, Lorenzo Araújo Salgado conducía una camioneta en la que viajaban tres pasajeros, entre ellos José Trinidad Rojas Pliego. Durante una parada de tráfico, un agente de ICE disparó contra el conductor, causándole la muerte. Tras el suceso, los tres pasajeros que sobrevivieron al incidente fueron puestos bajo la custodia de las autoridades migratorias.
La controversia legal y fáctica se centra en las versiones contradictorias sobre cómo ocurrieron los hechos. Poco después del tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado oficial declarando que Lorenzo Araújo Salgado había utilizado su vehículo como un arma, intentando atropellar al agente de ICE. Bajo esta premisa, la agencia sostuvo que el agente actuó en defensa propia al efectuar el disparo mortal.
Sin embargo, esta versión oficial ha sido frontalmente cuestionada por quienes estuvieron presentes en la escena. José Trinidad Rojas Pliego, junto con otro de los pasajeros, presentaron declaraciones ante el tribunal asegurando que la dinámica del evento fue distinta. Según sus testimonios, los agentes se encontraban posicionados a los costados de la camioneta y en ningún momento estuvieron situados delante o detrás del vehículo, lo que invalidaría la teoría del intento de atropello. Rojas Pliego fue tajante en sus declaraciones, calificando la versión presentada por el gobierno como "una mentira".
La víctima, Lorenzo Araújo Salgado, tenía 52 años y era padre de tres hijos. De acuerdo con la información proporcionada por su familia, Salgado había residido en Estados Unidos durante 35 años y se encontraba en proceso de obtener un estatus legal. Asimismo, se destacó que el constructor no contaba con antecedentes penales conocidos. Su fallecimiento se suma a una lista de al menos diez muertes ocurridas durante operativos de control migratorio desde que se iniciaron las campañas de deportaciones masivas impulsadas por el presidente Donald Trump, un hecho que ha generado protestas generalizadas en Houston y demandando la realización de una investigación independiente.
En cuanto a la situación migratoria del testigo, José Trinidad Rojas Pliego también había ingresado al país hace varias décadas sin haber obtenido un estatus legal, según informó su hijastra, Griselda Silva. No obstante, el testigo tiene actualmente pendiente una solicitud para obtener una visa U. Este es un estatus legal especial diseñado para víctimas de ciertos delitos que hayan sufrido abuso físico o mental y que hayan colaborado con las autoridades en la investigación de dichos crímenes.
De acuerdo con la orden del juez, la concesión de la visa U otorgaría a Rojas Pliego beneficios significativos, incluyendo un permiso de trabajo con una vigencia de cuatro años, protección contra la deportación y una vía legal para solicitar la residencia permanente en el país.
Finalmente, el juez Keith Ellison ha dejado instrucciones estrictas para el futuro manejo del caso. En su resolución, escribió que si los agentes de inmigración consideran necesario detener nuevamente a José Trinidad Rojas Pliego, están obligados legalmente a notificarle previamente y a celebrar una audiencia de detención antes de proceder con cualquier arresto. Mientras tanto, el abogado de Rojas Pliego, Hugo Balderas-Ibarra, no ha emitido comentarios inmediatos sobre la decisión judicial.
