La relación entre la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y la presidencia de Donald Trump ha estado marcada por una compleja dualidad: mientras el presidente de la Corte, John Roberts, se esfuerza por proyectar una imagen de independencia institucional, las decisiones del tribunal han fortalecido significativamente los poderes del Ejecutivo.
Este matiz quedó evidenciado durante la cena anual de la Sociedad Histórica de la Corte Suprema celebrada en junio. En un giro respecto a años anteriores, el director ejecutivo de la Sociedad intervino antes del brindis habitual para aclarar que el acto era una tradición histórica destinada a quienquiera que habite la Casa Blanca. Solo después de esta precisión, Roberts alzó su copa y dijo: “Por el presidente de Estados Unidos”. Este gesto parece reflejar la intención de Roberts de recalcar que el poder otorgado emana de la institución de la presidencia y no de una lealtad hacia Donald Trump en particular.
A lo largo de la última década, la Corte Suprema, actualmente liderada por una supermayoría conservadora, ha tomado decisiones que han beneficiado ampliamente a Trump. Entre ellas destaca la concesión de una inmunidad sustancial frente a la persecución penal y la limitación de la facultad de los jueces de tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales a nivel nacional contra políticas gubernamentales. Asimismo, el tribunal permitió la entrada en vigor de prohibiciones de viaje basadas en animosidad religiosa o racial, y recientemente otorgó al presidente la facultad de destituir a directores de agencias independientes, como aquellas encargadas de la protección del consumidor o la regulación nuclear.
A pesar de estas tendencias, Roberts ha intentado contrarrestar la narrativa de que el tribunal está bajo la influencia de Trump. Un ejemplo claro ocurrió el mes pasado, cuando el presidente de la Corte emitió una decisión que, si bien favorecía la postura de Trump sobre la destitución de reguladores, prohibía específicamente que el presidente destituyera de inmediato a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal. Para subrayar este mensaje de independencia, la Corte publicó simultáneamente la sentencia favorable y la desfavorable en su sitio web, llegando incluso a sujetar los documentos físicos con una goma elástica en la sala de prensa para asegurar que se leyeran en conjunto.
Esta postura de Roberts se ha mantenido en sus declaraciones públicas. Durante una comparecencia en la Universidad Rice, afirmó que la idea de que los magistrados transmitan las opiniones de quienes los nombraron es "absurda", recordando que los miembros de la corte fueron designados por cinco presidentes diferentes.
Sin embargo, el análisis global de los casos relacionados con Trump sugiere una transformación profunda. Brian Fitzpatrick, profesor de la Facultad de Derecho de Vanderbilt, señala que los magistrados actúan de forma independiente pero en sintonía con Trump, especialmente al alejarse del principio de "stare decisis" o adhesión a los precedentes. Según Fitzpatrick, esto coincide con el estilo del presidente, quien no prioriza el protocolo y busca obtener el resultado que considera correcto independientemente de la tradición.
La tensión interna en el tribunal también ha aumentado. Mientras los magistrados liberales denuncian las transgresiones de Trump, los conservadores se han distanciado de ellos. Un ejemplo fue la decisión de permitir el fin del estatus de protección temporal (TPS) para haitianos. La jueza Elena Kagan criticó que la mayoría conservadora ignorara las declaraciones despectivas de Trump hacia Haití, calificando la acción de la Corte como un intento de omitir pruebas evidentes de discriminación.
No obstante, la Corte ha impuesto algunos límites. En 2019 rechazó la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía en el censo y, recientemente, impidió que Trump usurpara el poder arancelario del Congreso o desmantelara la ciudadanía por derecho de nacimiento. En este último caso, Roberts mantuvo la promesa de que la ciudadanía es el derecho a tener derechos, aunque solo logró el apoyo mínimo de cinco votos, evidenciando divisiones incluso dentro del ala conservadora, con el juez Brett Kavanaugh discrepando.
El impacto de estas dinámicas se refleja en la opinión pública. Una encuesta de Gallup reveló que la aprobación de la Corte Suprema ha caído a un mínimo histórico del 33%, descendiendo desde el 39% del año pasado. Esta caída incluye una disminución en el apoyo de los republicanos, posiblemente debido a los fallos sobre aranceles y ciudadanía. Al cierre de la sesión 2025-26, la Corte Suprema permanece como un actor central en la redefinición del poder ejecutivo en Estados Unidos.
