San José, 06 de marzo (elmundo.cr) – La reciente adhesión de Costa Rica a una declaración hemisférica promovida por Estados Unidos, que aboga por la “paz a través de la fuerza”, ha desatado una fuerte controversia política y jurídica en el país. Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), ha alzado la voz para cuestionar la decisión del ministro de Seguridad, Mario Zamora, calificándola como una potencial colisión con los principios fundamentales que rigen la seguridad nacional costarricense y su tradición diplomática.
La firma de la declaración tuvo lugar durante la Conferencia de las Américas contra los Carteles, celebrada en Doral, Florida, un evento liderado por el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hesegth. Durante la conferencia, Hesegth reafirmó la doctrina Monroe, un principio geopolítico histórico que ha sido objeto de debate y controversia en América Latina durante décadas. Además, Hesegth delineó un nuevo “mapa estratégico” que, según sus palabras, abarca desde Groenlandia hasta el Golfo de América, el Canal de Panamá y los países circundantes, lo que sugiere una renovada atención y posible intervención estadounidense en la región.
Guillén argumenta que la adhesión a esta declaración, que esencialmente respalda una estrategia de seguridad basada en la fuerza, merece un análisis exhaustivo desde las perspectivas constitucional, jurídica y diplomática. “No se trata de un acto meramente protocolario”, enfatizó Guillén. “Cuando un Estado suscribe una declaración de esta naturaleza, está, implícitamente, adhiriendo a una determinada concepción de seguridad internacional y de orden hemisférico”.
El principal punto de preocupación para el líder liberacionista radica en la incompatibilidad de esta nueva postura con el artículo 12 de la Constitución Política de Costa Rica, que abolió el ejército como institución permanente en 1948. Esta decisión histórica, según Guillén, no fue un simple gesto simbólico, sino el punto de partida de un modelo de Estado que deliberadamente se apartó de las lógicas geopolíticas basadas en la fuerza y la proyección militar. La abolición del ejército y la consagración de una concepción de la seguridad nacional basada en el poder civil, la institucionalidad democrática y el derecho, representan un pilar fundamental de la identidad costarricense.
Guillén también destaca la importancia del artículo 7 de la Constitución, que integra al ordenamiento interno los tratados públicos y los principios del derecho internacional. Costa Rica, a lo largo de su historia, ha construido su posición internacional sobre la base del multilateralismo, el desarme, la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional. Estos principios han orientado tanto su política exterior como su legislación y práctica diplomática, convirtiendo al país en un referente de paz y estabilidad en la región.
La adopción de una narrativa estratégica como la de “paz a través de la fuerza”, vinculada a una doctrina histórica como la doctrina Monroe, introduce, por lo tanto, una tensión evidente con esta tradición constitucional y diplomática. Guillén advierte que esta firma podría generar “roces o incluso una eventual colisión” con los principios fundamentales del ordenamiento costarricense.
El político liberacionista reconoce que combatir el narcotráfico y el crimen transnacional es una obligación legítima del Estado costarricense. Sin embargo, argumenta que hacerlo no exige ni justifica la adhesión a doctrinas de seguridad que descansan en una lógica de poder militar que el país decidió abandonar hace más de siete décadas.
“Más que un acto diplomático, esta firma plantea la necesidad de preguntarnos si el país está comenzando a desplazarse —aunque sea de manera discursiva— hacia una concepción de seguridad que podría entrar en colisión eventual con los principios constitucionales que han definido la identidad civilista, jurídica y pacifista de Costa Rica desde la Segunda República”, alertó Guillén.
En un contexto internacional marcado por profundas tensiones y desafíos, Guillén insiste en que el mayor aporte de Costa Rica al hemisferio sigue siendo la defensa de la paz a través del derecho y de las instituciones democráticas, en lugar de recurrir a la fuerza. La postura del PLN plantea un debate crucial sobre el futuro de la política exterior costarricense y su compromiso con los principios de neutralidad, desarme y solución pacífica de controversias que han caracterizado su trayectoria internacional.
La firma de esta declaración ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad costarricense, incluyendo académicos, diplomáticos y organizaciones de la sociedad civil, quienes temen que pueda comprometer la independencia y la soberanía del país, así como su reputación como un defensor de la paz y el derecho internacional. Se espera que este tema sea objeto de un debate público más amplio en los próximos días, con el objetivo de evaluar las implicaciones de esta decisión y definir una estrategia clara para proteger los intereses nacionales de Costa Rica. La posición del gobierno de Zamora ante estas críticas aún no ha sido completamente detallada, pero se espera una respuesta oficial en breve.
