La congresista Rosangella Barbarán Reyes, representante de Fuerza Popular, ha presentado un ambicioso proyecto de ley (N.º 14147/2026-CR) con el objetivo de mitigar el impacto económico devastador que la actual crisis de desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) está causando a conductores, empresas de transporte, hogares vulnerables y micro y pequeñas empresas (MYPE) en todo el país. La iniciativa, presentada el pasado jueves 5 de marzo, surge como respuesta directa a la deflagración ocurrida el domingo 1 de marzo en el gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), un incidente que ha desencadenado una cascada de problemas económicos y sociales.
El proyecto de ley busca establecer una serie de medidas extraordinarias y temporales diseñadas para preservar la continuidad de los servicios de transporte, proteger la economía familiar y reducir los efectos económicos derivados de esta contingencia energética sin precedentes. La congresista Barbarán enfatiza la urgencia de la situación, señalando que la restricción en el suministro de GNV está obligando a muchos transportistas a utilizar combustibles alternativos, como la gasolina, lo que implica un aumento significativo en sus costos operativos y, por ende, en las tarifas que deben cobrar a los usuarios.
La piedra angular de la propuesta legislativa es la creación de un bono temporal de compensación para los conductores, empresas de taxis y transporte público que se vean obligados a utilizar gasolina u otro combustible alternativo debido a la escasez de GNV. El monto de este bono se calculará en función del consumo estimado de combustible, tomando en cuenta criterios técnicos que serán establecidos en el reglamento de la ley. La idea es que este bono actúe como un amortiguador, cubriendo al menos una parte del aumento en los costos de combustible y evitando que los transportistas se vean obligados a trasladar la totalidad de este incremento a los pasajeros.
Pero el proyecto de ley no se limita a la compensación directa a los transportistas. La congresista Barbarán también propone la suspensión temporal de la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la gasolina y al Gas Licuado de Petróleo (GLP) durante la vigencia de la contingencia energética. Esta medida, de ser aprobada, podría reducir significativamente el precio de estos combustibles, aliviando la carga económica tanto para los transportistas como para los consumidores en general. La implementación de esta suspensión temporal dependerá del Poder Ejecutivo, que tendrá la facultad de establecer los plazos y las condiciones específicas.
Reconociendo que la crisis del GNV no solo afecta a los costos de transporte, sino también a la capacidad de pago de los ciudadanos, el proyecto de ley incluye una propuesta para otorgar un periodo de gracia de 60 a 90 días para el pago de créditos vehiculares y créditos vinculados a la actividad de transporte público y taxis que operan a GNV. Esta medida tiene como objetivo aliviar la presión financiera sobre los transportistas, permitiéndoles hacer frente a la disminución de sus ingresos sin correr el riesgo de perder sus vehículos o enfrentar sanciones por incumplimiento de pago.
Para garantizar que esta medida sea efectiva, el proyecto de ley faculta a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) a disponer medidas que faciliten la reprogramación de los créditos de los transportistas afectados, sin que esto implique el deterioro automático de su clasificación crediticia. Esto significa que los bancos y las entidades financieras deberán ser flexibles y considerar la situación excepcional que están viviendo los transportistas, ofreciéndoles opciones de pago que se ajusten a su capacidad económica.
Además, el proyecto de ley contempla la posibilidad de que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) postergue o brinde facilidades para el pago de obligaciones tributarias, incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV) y los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. Esta medida busca aliviar la carga fiscal sobre los transportistas y las MYPE afectadas, permitiéndoles disponer de más recursos para hacer frente a la crisis.
La iniciativa legislativa también presta atención a las familias vulnerables, proponiendo la creación de un bono temporal destinado a facilitar la adquisición de balones de gas licuado de petróleo (GLP) para los hogares de bajos ingresos y las familias residentes en zonas urbanas populares. Esta medida tiene como objetivo garantizar que estas familias puedan seguir cocinando y calentándose durante la crisis del GNV, evitando que se vean obligadas a recurrir a fuentes de energía más caras o contaminantes.
De ser respaldada la propuesta en el Pleno del Congreso, la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de siete días calendario para reglamentar la ley, estableciendo los criterios técnicos y los procedimientos necesarios para su implementación.
La congresista Barbarán ha instado a sus colegas del Congreso a dar prioridad a este proyecto de ley, argumentando que la crisis del GNV es una emergencia nacional que requiere una respuesta rápida y efectiva. "No podemos permitir que esta crisis siga afectando a nuestros ciudadanos y a nuestra economía", declaró la parlamentaria. "Es hora de que actuemos con responsabilidad y solidaridad, y aprobemos esta ley lo antes posible". El debate en el Congreso promete ser intenso, ya que la crisis del GNV ha generado un amplio debate público y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sistema energético peruano. La aprobación de este proyecto de ley podría ser un primer paso importante para abordar esta crisis y proteger a los ciudadanos y a la economía del país.
