La reciente derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos en El Salvador ha encendido un debate nacional sobre el futuro de la estabilidad financiera y la protección de los ahorros de los ciudadanos. Mientras el gobierno y el partido oficialista Nuevas Ideas celebran la medida como un catalizador para la competencia y la inversión, la diputada de VAMOS, Cesia Rivas, ha alzado la voz de advertencia, señalando que la eliminación total del artículo podría abrir la puerta a riesgos significativos para el sistema financiero y, en última instancia, para el patrimonio de los salvadoreños.
La Asamblea Legislativa aprobó la derogación con 56 votos, argumentando que el artículo 10, que establecía que el 51% de las acciones de los bancos salvadoreños debían pertenecer a accionistas salvadoreños o centroamericanos, representaba una barrera artificial para la entrada de nuevos competidores y la inyección de capital fresco en el sector financiero. Según el oficialismo, la eliminación de esta restricción facilitará el acceso al crédito, impulsará la innovación y generará una mayor competencia, beneficiando a los consumidores y a la economía en general.
La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, enfatizó que la Ley de Bancos tiene 27 años de antigüedad y que la derogación del artículo 10 es una actualización necesaria para adaptarse a las nuevas realidades del mercado financiero. “Es necesario dar acceso a nuevos capitales e inversiones en el país, a fin de generar una mayor competencia en la intermediación financiera”, declaró González. La expectativa del gobierno es que la medida atraiga a nuevos actores financieros, nuevas tecnologías y oportunidades para los salvadoreños en el sector financiero.
Sin embargo, Cesia Rivas, diputada de VAMOS, discrepa rotundamente con esta visión. Argumenta que la derogación del artículo 10 no era la solución adecuada y que una reforma más moderada, que permitiera la participación de inversionistas de otras nacionalidades sin eliminar por completo los controles y la supervisión, habría sido suficiente para abordar las preocupaciones del oficialismo. Rivas propuso simplemente agregar la posibilidad de que personas de otras nacionalidades pudieran ser accionistas, en lugar de eliminar todo el artículo.
La legisladora advierte que la eliminación total del artículo implica una pérdida de controles y supervisión sobre los inversionistas extranjeros que ingresen al mercado financiero salvadoreño, lo que podría poner en riesgo los ahorros de los ciudadanos. Rivas teme que la falta de regulación adecuada pueda conducir a situaciones similares a la que se vivió con la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI), donde los ahorros de miles de personas fueron desfalcados y aún se encuentran en litigio desde mayo de 2024.
“No queremos que pase una vez más como los afectados de COSAVI, que al final no hay quien les resuelva, incluso algunos de ellos están muriendo, personas que siguen exigiendo su derecho porque es su dinero. Entonces queremos evitar eso y para evitar eso no era necesario derogar el artículo”, comentó Rivas con visible preocupación. La diputada cuestionó los verdaderos motivos detrás de la reforma, preguntándose si realmente beneficia a la mayoría de los salvadoreños o si, por el contrario, favorece a intereses particulares.
Rivas también expresó su preocupación por el hecho de que la derogación del artículo 10 podría desplazar la mano de obra y el talento salvadoreño en el sector financiero. Argumenta que al eliminar la prioridad que se daba a los accionistas salvadoreños, se abre la puerta a la entrada de empresas extranjeras que podrían contratar personal extranjero en lugar de dar oportunidades a los salvadoreños. “Es lamentable que, en aras de crecimiento, de desarrollo económico, se esté desplazando la mano de obra del talento salvadoreño y eso es muy grave”, afirmó Rivas.
La diputada criticó la actitud del oficialismo y del gobierno, señalando que parecen estar más interesados en atraer inversión extranjera a cualquier costo que en proteger los ahorros y los intereses de los ciudadanos salvadoreños. Rivas cuestionó por qué se eliminaron las barreras legales que, según la Superintendencia de Bancos, estaban diseñadas para salvaguardar los ahorros de la gente.
La controversia en torno a la derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos ha generado un intenso debate en la sociedad salvadoreña. Organizaciones sociales y expertos en finanzas han expresado sus preocupaciones sobre los posibles riesgos que la medida podría acarrear para la estabilidad financiera y la protección de los ahorros de los ciudadanos. La oposición política ha aprovechado la oportunidad para criticar al gobierno y acusarlo de poner en peligro el patrimonio de los salvadoreños en aras de un crecimiento económico a cualquier costo.
El gobierno, por su parte, ha defendido la medida argumentando que es necesaria para modernizar el sistema financiero, atraer inversión extranjera y generar más oportunidades para los salvadoreños. Sin embargo, las advertencias de la diputada Cesia Rivas y las preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad han puesto en tela de juicio la conveniencia y la prudencia de la derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos. El tiempo dirá si la medida resulta ser un paso adelante para el desarrollo económico de El Salvador o un riesgo innecesario para la estabilidad financiera y la protección de los ahorros de sus ciudadanos. La sombra de COSAVI planea sobre esta decisión, recordando a la población la importancia de la supervisión y la regulación en el sector financiero.
