El gobierno de José Raúl Mulino ha desatado una ola de críticas y controversia con la propuesta de un proyecto de ley que endurece las penas para quienes utilicen máscaras o cualquier otro medio para ocultar su rostro durante protestas, manifestaciones o concentraciones públicas. La iniciativa, aprobada en el Consejo de Gabinete este martes, busca modificar el Código Penal panameño, estableciendo penas de prisión de hasta seis años para aquellos que, según el gobierno, utilicen estas medidas con fines violentos.
El proyecto de ley 826, que adiciona el artículo 169-A al Código Penal, define como delito el uso de “capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente su rostro” durante una manifestación, siempre y cuando se haga con el “propósito de provocar, realizar o incitar actos de violencia, intimidación u odio”. La pena inicial por esta infracción se establece entre dos y cuatro años de prisión. Sin embargo, la ley endurece aún más las sanciones si estas acciones “encubren o propician la comisión de delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública”, elevando la pena a entre cuatro y seis años de prisión, además de las sanciones correspondientes por los delitos cometidos.
La propuesta ha generado una fuerte polarización en el panorama político y social de Panamá. La diputada independiente Alexandra Brenes, del circuito 8-2, fue una de las primeras en alzar su voz en contra, cuestionando en su cuenta de X (anteriormente Twitter) las motivaciones detrás de la iniciativa. “¿Para cuáles protestas se está preparando este gobierno? ¿Mina, Bioetanol, Senniaf, Puertos?”, escribió Brenes, sugiriendo que la ley podría ser utilizada para reprimir futuras protestas contra políticas gubernamentales impopulares. La diputada calificó el proyecto como un “intento de seguir silenciando y amedrentando a todo aquel que piense distinto”.
El grupo activista “Ya es Ya”, conocido por liderar numerosas protestas en el país, también se pronunció de manera contundente, defendiendo el uso de la capucha como un “símbolo de resistencia en un sistema donde la corrupción se tapa con impunidad”. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el grupo desafió a instituciones clave del Estado, como la Policía Nacional, el Tribunal Electoral, el Senniaf y el Sistema Legislativo, a “quitarse la capucha” si realmente buscan transparencia y rendición de cuentas.
En una entrevista concedida a Telemetro Reporta, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, defendió la iniciativa, argumentando que busca proteger el derecho a la protesta y a los manifestantes. Sin embargo, Muñoz también dirigió un cuestionamiento directo a los participantes en las protestas, preguntando: “Si estás manifestándote por un objetivo real, por una reivindicación legítima, ¿por qué te tienes que tapar el rostro?”. La ministra también señaló que en muchas ocasiones las protestas son infiltradas por individuos que vandalizan y distorsionan el mensaje original de los manifestantes, poniendo en peligro tanto a los participantes pacíficos como a la propiedad pública y privada.
Por otro lado, el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, expresó su rechazo al proyecto, advirtiendo que podría ser “perjudicial para la democracia” al desincentivar el derecho ciudadano a la protesta. Pérez Barboni anunció que no brindará su apoyo a la iniciativa sin antes comprender las razones que motivaron al gobierno a presentarla. El diputado adelantó que el proyecto se presentará directamente en el pleno de la Asamblea Nacional, con la posibilidad de ser remitido a la Comisión de Gobierno para un primer debate, dado su origen gubernamental. Posteriormente, pasaría por un segundo y tercer debate, aunque Pérez Barboni expresó dudas sobre su capacidad para superar el primer obstáculo legislativo.
El proyecto de ley también contempla la modificación del Artículo 169 del Código Penal, que actualmente establece penas de prisión de uno a tres años para quienes impidan ilegalmente una reunión pacífica y lícita. Si el infractor es un servidor público, la pena se eleva a entre dos y cuatro años de prisión. La modificación propuesta busca endurecer las sanciones para aquellos que obstaculicen el ejercicio del derecho a la reunión y la manifestación.
La controversia en torno a este proyecto de ley se suma a un contexto de creciente tensión social en Panamá, marcado por protestas recientes contra la minería, el aumento del costo de vida y la corrupción. La oposición teme que la ley sea utilizada como una herramienta para reprimir la disidencia y limitar la libertad de expresión, mientras que el gobierno insiste en que su objetivo es proteger el derecho a la protesta y garantizar la seguridad pública. El debate sobre esta iniciativa promete ser intenso y polarizado en los próximos días, y su resultado tendrá un impacto significativo en el futuro del derecho a la protesta y la libertad de expresión en Panamá. La Asamblea Nacional se prepara para un debate crucial que definirá los límites de la libertad de expresión y el derecho a la protesta en el país. La sociedad panameña observa con atención, consciente de que el resultado de esta votación podría marcar un antes y un después en la historia de la democracia en Panamá.
