Brasilia, 23 de febrero de 2026 – Una decisión judicial en el estado de Minas Gerais ha desatado una tormenta política y legal en Brasil, poniendo en tela de juicio la protección de menores de edad y reabriendo el debate sobre la presunción de vulnerabilidad en casos de relaciones con adultos. El Tribunal de Justicia de Minas Gerais (TJMG) absolvió a un hombre de 35 años acusado de estupro de vulnerable contra una niña de 12 años, argumentando la existencia de un “vínculo afectivo consensual” entre ambos. Esta sentencia ha provocado la indignación de organizaciones de derechos humanos, parlamentarios y el Ministerio Público, quienes la consideran una grave amenaza a la seguridad jurídica y a la protección de la infancia.
El caso, que se tramitó bajo secreto judicial, involucra a un hombre que fue inicialmente condenado en primera instancia a nueve años y cuatro meses de prisión. Sin embargo, la 9ª Cámara Criminal del TJMG revocó la condena, basándose en la afirmación de que la relación entre el acusado y la menor era “análoga al matrimonio”, con el conocimiento y consentimiento de los padres de la niña. El magistrado relator, Desembargador Magid Nauef Láuar, argumentó que la relación no se produjo mediante violencia, coacción, fraude o constreñimiento, sino a través de un “vínculo afectivo consensual”.
Esta decisión ha generado una fuerte reacción por parte del Poder Legislativo. Parlamentarios del Partido Socialista Libre (PSOL) y de la Red Sostenibilidad han presentado una acción ante la Procuraduría General de la República (PGR) solicitando que el caso sea llevado ante el Supremo Tribunal Federal (STF). La petición exige que el STF anule el veredicto del TJMG y reafirme la jurisprudencia consolidada del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que establece que el consentimiento de la víctima, su experiencia sexual previa o la existencia de una relación amorosa son irrelevantes para la configuración del delito de estupro de vulnerable.
Las diputadas federales Fernanda Melchionna (PSOL-RS), Sâmia Bomfim (PSOL-SP) y Heloísa Helena (Rede-RJ), junto con el diputado distrital Fábio Felix (PSOL-DF), firmaron el documento presentado a la PGR. En la petición, se solicita la presentación de una Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) con el objetivo de “impedir lecturas que esvacíen el alcance de la tutela constitucional de la infancia y la adolescencia”. Los parlamentarios argumentan que la ausencia de una orientación constitucional clara en este tema puede estimular decisiones divergentes y generar inseguridad institucional en la protección de los derechos humanos.
El Ministerio Público de Minas Gerais (MPMG) también ha manifestado su preocupación por la decisión del TJMG. En una nota oficial, el MPMG enfatizó que el ordenamiento jurídico brasileño y la jurisprudencia del STJ establecen la “presunción absoluta” de vulnerabilidad de los menores de 14 años, priorizando su desarrollo saludable y su dignidad sexual por encima de cualquier interpretación sobre el consentimiento o la aquiescencia familiar. El MPMG anunció que analizará la decisión y adoptará las medidas procesales pertinentes.
Por su parte, la Defensoría Pública de Minas Gerais, que representó al acusado en el proceso, defendió su actuación como garante del derecho a una defensa amplia y justa, conforme a sus deberes constitucionales.
La controversia no se limita al ámbito judicial y político. La Corregiduría Nacional de Justicia (CNJ) ha abierto un Pedido de Providencias (PP) para investigar el caso, solicitando al TJMG que presente esclarecimientos sobre la decisión. El Ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor Nacional de Justicia, determinó que el tribunal y el Desembargador Magid Nauef Láuar deben enviar información inicial en un plazo de cinco días.
La decisión del TJMG también ha provocado la reacción de entidades de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos de niños y adolescentes. El Ministerio de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía (MDHC) emitió una nota en la que reafirma que Brasil adopta la protección integral de niños y adolescentes, y que la anuência familiar o la autodeclaración de un vínculo conjugal son inadmisibles para relativizar las violaciones.
El caso ha reabierto un debate crucial sobre la interpretación de la ley y la protección de los menores de edad en Brasil. La decisión del TJMG ha sido criticada por socavar la presunción de vulnerabilidad de los niños y adolescentes, y por poner en riesgo su derecho a una infancia segura y protegida. La PGR y el STF ahora tienen la responsabilidad de analizar la situación y tomar una decisión que garantice la protección de los derechos de los menores y la seguridad jurídica en casos de abuso sexual. La sociedad brasileña observa con atención el desarrollo de este caso, esperando una respuesta que reafirme el compromiso del país con la protección de la infancia y la adolescencia. La decisión final del STF podría tener un impacto significativo en la forma en que se interpretan y aplican las leyes de protección infantil en Brasil, y podría sentar un precedente para casos similares en el futuro. La presión pública y la movilización de organizaciones de derechos humanos son fundamentales para garantizar que se haga justicia y que se proteja a los menores de edad de la explotación y el abuso.
