Guatemala y Estados Unidos han concretado un nuevo instrumento comercial, una revisión del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA) impulsada por las órdenes ejecutivas del expresidente Donald Trump. Si bien la ministra de Economía, Gabriela García, califica el resultado como sólido en una coyuntura global compleja , con un 72.4% de los productos regresando a arancel cero, el acuerdo ha generado controversia, especialmente entre productores de mini vegetales y otros sectores que mantienen un arancel del 10%.
La ministra García enfatizó que el acuerdo va más allá de las simples concesiones arancelarias, buscando modernizar regulaciones, agilizar procesos y eliminar barreras no arancelarias que persisten desde la implementación del DR-CAFTA. Su argumento central es que el objetivo es fortalecer la autonomía de Guatemala en su política comercial, evitando ceder en aspectos clave de soberanía. Sin embargo, la realidad para algunos productores es distinta, y la sensación de haber sido dejados atrás es palpable.
García insiste en que la exclusión de ciertos productos no fue deliberada, sino una consecuencia inherente a cualquier negociación. Reconoce la frustración de los afectados, pero asegura que el gobierno está trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA) para implementar acciones de corto plazo y brindar acompañamiento directo a las empresas, con el fin de fortalecer sus modelos de negocio, reducir la intermediación y explorar nuevos mercados.
La diversificación de mercados se presenta como una estrategia clave. García destaca las oportunidades en el mercado local, centroamericano y caribeño, principales destinos de las exportaciones agrícolas guatemaltecas. A largo plazo, el gobierno se compromete a insistir en futuras negociaciones para recuperar las condiciones de arancel cero para todos los productos, pero mientras tanto, la paciencia y la comprensión son solicitadas a los productores afectados.
La negociación, según la ministra, no implicó entregar nada en bandeja de plata . En cambio, se comprometió a mejorar trámites, digitalizar procesos y agilizar las fronteras, aspectos que considera deberes pendientes del Estado guatemalteco. Estas mejoras, argumenta, beneficiarán a todo el país, no solo al sector exportador.
Ante las críticas de que el país cedió demasiado , García responde con firmeza, afirmando que el gobierno dio la batalla por todos los productos exportables. Reconoce que el resultado no es ideal, pero niega que haya existido una priorización de ciertos sectores sobre otros. La búsqueda de oportunidades y la reducción de riesgos, especialmente la dependencia de un solo mercado, son los pilares de la estrategia gubernamental.
La articulación con el MAGA se considera fundamental. La ministra de Agricultura ha estado involucrada en el proceso desde el inicio, aunque su participación formal en todas las instancias era limitada. Actualmente, el MAGA está en contacto directo con el sector exportador para evaluar las necesidades y diseñar estrategias de apoyo.
Además del trabajo con el MAGA, el gobierno está impulsando la diversificación de mercados y brindando acompañamiento a las empresas, tanto a nivel gremial a través de Agexport, como de forma individualizada. El fortalecimiento productivo, con énfasis en la tecnificación, las mejores prácticas y la gestión de riesgos, es otro frente de acción clave, donde el MAGA juega un papel central.
El gobierno reconoce la molestia y preocupación de los productores que no quedaron incluidos en el acuerdo, pero niega haber dejado de trabajar en su defensa. Se prepararon, analizaron escenarios y negociaron para proteger la oferta exportadora del país, pero el contexto internacional, con factores que escapan al control de Guatemala, fue determinante.
El enfoque del apoyo a los pequeños productores se extiende a toda la cadena de valor, no solo a las empresas exportadoras. El MAGA está trabajando hacia atrás , con los productores, para fortalecer la productividad, la tecnificación y las condiciones de riesgo. La revisión de las cadenas de intermediación, que en muchos casos son excesivamente largas y reducen la competitividad, también es una prioridad.
A pesar de las dificultades, el gobierno ve oportunidades en esta coyuntura. La revisión de la estructura de costos, la identificación de cuellos de botella y la simplificación de las cadenas de intermediación son áreas donde se pueden lograr mejoras significativas. En sectores como el café, donde existen hasta cinco o más eslabones en la cadena, la reducción de intermediarios podría aumentar la competitividad.
Tras la firma del acuerdo, el trabajo técnico continúa. Las autoridades ya estaban atendiendo las observaciones planteadas por Estados Unidos incluso antes de la firma, con énfasis en corregir y mejorar procesos específicos. A partir de ahora, las revisiones serán periódicas, aproximadamente cada mes o mes y medio, y se exigirá la presentación de resultados concretos.
En marzo y mayo se realizarán revisiones técnicas para medir avances, mientras que a finales de julio se presentará el primer informe oficial de seis meses ante el USTR (Representante Comercial de Estados Unidos). Este proceso requiere una coordinación constante entre los equipos técnicos, los ministerios y la Presidencia, con el objetivo de demostrar avances verificables y decisiones ya ejecutadas para ese plazo. El gobierno guatemalteco se enfrenta al desafío de cumplir con los compromisos asumidos y, al mismo tiempo, mitigar el impacto negativo en los sectores que no se beneficiaron directamente del nuevo acuerdo comercial. La diversificación de mercados y el fortalecimiento de la cadena productiva se presentan como las claves para superar este desafío y asegurar un futuro sostenible para el sector exportador guatemalteco.
