Minneapolis se ha convertido en un microcosmos de una preocupante tendencia: la erosión de la fricción democrática en nombre de la eficiencia operativa. La reciente muerte de dos personas durante operativos de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desatado un debate que va más allá del lamento individual, apuntando a una normalización alarmante del “daño colateral” como un precio aceptable para mantener el orden. La pregunta que surge, y que debe resonar en toda la sociedad, es simple pero profunda: ¿cuánta fricción estamos dispuestos a sacrificar en el altar de la eficacia?
La inquietante sinceridad de quien preguntó “¿Por qué tanto escándalo? Son solo dos muertes” no es un signo de insensibilidad individual, sino un síntoma de una sociedad que se está acostumbrando a la deshumanización. Esta normalización no nace de la ignorancia, sino de una aceptación tácita de que ciertos daños son inevitables, incluso deseables, en la búsqueda de una mayor eficiencia en la aplicación de la ley. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante no es el número de víctimas, sino la dirección que toma una sociedad que comienza a ver el sufrimiento humano como un mero subproducto de un sistema que funciona “correctamente”.
La analogía con los frenos de un automóvil es reveladora. Los frenos no se inventaron porque odiamos la velocidad, sino porque la velocidad sin control es inherentemente peligrosa. De manera similar, una democracia no se basa en la ausencia de límites, sino en la presencia deliberada de fricción. Los procedimientos, las demoras, los controles cruzados y la supervisión judicial no son meras trabas burocráticas, sino mecanismos de seguridad diseñados para impedir que el poder actúe de forma arbitraria o unilateral. Esta fricción no es un defecto del sistema, sino su característica definitoria.
Desde la perspectiva del Estado, reducir esta fricción se traduce en “eficiencia”. Sin embargo, cuando el poder se siente respaldado por la impunidad institucional, los controles formales se convierten en una mera fachada. Los protocolos y las regulaciones pierden su significado cuando quienes ejercen el poder saben que no serán responsabilizados por sus acciones. Este fenómeno, aunque no es nuevo, se ha visto exponencialmente amplificado por el avance de la tecnología.
Hannah Arendt, en su análisis de la banalidad del mal, ya advirtió sobre los peligros de una sociedad donde los individuos dejan de pensar críticamente y se convierten en simples engranajes de una maquinaria burocrática. Hoy, ese engranaje es algorítmico. La delegación del juicio individual en procedimientos automatizados diluye la responsabilidad y transforma las decisiones morales en meras operaciones técnicas. Lo que antes requería una reflexión ética ahora se reduce a la fluidez de un sistema que no admite preguntas ni objeciones.
Herramientas de vigilancia masiva y software como Palantir crean una arquitectura de control invisible que permite al Estado actuar con una precisión quirúrgica. Esta eficiencia tecnológica reduce la fricción interna del poder, agilizando los procesos y minimizando los trámites, pero al mismo tiempo dispara la fricción externa que experimenta el ciudadano: la sensación constante de ser rastreado, escaneado y vulnerable.
Con un simple clic, un agente puede localizar a una persona en cuestión de segundos, sin necesidad de una revisión independiente. El Estado gana velocidad, pero la sociedad pierde su espacio de respiración. La democracia se vuelve opaca y rápida, mientras que el control se vuelve transparente e inevitable. Una democracia no colapsa únicamente cuando se viola la ley, sino cuando la ley funciona con una fluidez que sofoca la duda y elimina el freno humano.
El caso de Minneapolis es un claro ejemplo de esta dinámica. La rapidez y la eficiencia con la que ICE operó, sin una supervisión adecuada, condujo a la trágica muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, y de otra persona cuya identidad no ha sido revelada. Estas muertes no son incidentes aislados, sino el resultado previsible de un sistema que prioriza la eficiencia sobre la protección de los derechos individuales.
La automatización de la toma de decisiones, que ya está en marcha, agravará aún más esta situación. Mañana, no serán agentes humanos los que decidan quién es “riesgoso”, sino algoritmos diseñados para identificar patrones y predecir comportamientos. Esta delegación del juicio en máquinas plantea serias preocupaciones sobre la equidad, la transparencia y la responsabilidad. ¿Cómo podemos garantizar que estos algoritmos no perpetúen sesgos existentes o discriminen a ciertos grupos de personas? ¿Quién será responsable cuando un algoritmo tome una decisión errónea que tenga consecuencias devastadoras?
La respuesta a estas preguntas no es sencilla, pero una cosa está clara: debemos resistir la tentación de sacrificar la fricción democrática en el altar de la eficiencia. Debemos exigir una mayor transparencia en el uso de la tecnología por parte del Estado, una supervisión judicial más rigurosa y una mayor protección de los derechos individuales. Debemos recordar que una democracia no se basa en la velocidad o la eficiencia, sino en la justicia, la equidad y el respeto por la dignidad humana.
Una sociedad que deja de cuestionar el poder sin límites visibles no está siendo pragmática, sino que está, simplemente, dejando de respirar. La muerte de dos personas en Minneapolis debe servir como una llamada de atención: si no defendemos la fricción democrática, corremos el riesgo de perder algo mucho más valioso que la eficiencia: nuestra libertad.
