La pesca ilegal en Perú se está convirtiendo en una amenaza de proporciones alarmantes, comparable a la minería ilegal, pero sin la misma atención mediática ni respuesta gubernamental contundente. Así lo advierte Jessica Luna, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), quien denuncia que esta actividad ilícita no solo causa pérdidas económicas significativas, sino que también alimenta otras economías criminales y socava la seguridad nacional.
Luna señaló que, a diferencia de la minería ilegal, la pesca ilegal opera en gran medida bajo el radar, lo que permite que continúe creciendo y expandiendo su influencia. “La pesca ilegal no tiene todos los reflectores que tiene la minería. Es una actividad que sigue creciendo, sigue alimentando actividades ilegales, sigue activando la inseguridad del país, sigue financiando extorsión y sicariato”, afirmó en declaraciones a la prensa.
La magnitud de las pérdidas económicas causadas por la pesca ilegal es difícil de determinar con precisión, ya que gran parte de esta actividad se realiza al margen de la ley y no se registra. El Ministerio de la Producción (Produce) había estimado previamente pérdidas por US$ 500 millones, pero Luna cuestiona esta cifra, argumentando que “lo cierto es que nadie sabe porque no hay registros, están al margen de la ley”. La falta de datos confiables dificulta la implementación de políticas efectivas para combatir este problema.
Uno de los principales obstáculos para abordar la pesca ilegal es la falta de continuidad en las políticas gubernamentales. Luna lamenta que los cambios de administración y de gobierno interrumpan los avances logrados en la identificación y el combate de esta actividad ilícita. “No ayudan los cambios de administración y de gobierno. Todo este proceso de incertidumbre ha hecho que, como en muchos sectores, se frenen un poco los avances. La velocidad ha cambiado, esa es la realidad”, explicó.
La SNP insiste en que la solución no pasa únicamente por la creación de nuevas leyes, sino por el cumplimiento estricto de las leyes existentes. Luna cuestiona la existencia de plantas industriales ilegales que operan abiertamente en la costa peruana sin que las autoridades tomen medidas efectivas para detenerlas. “Se requiere articular a los entes encargados: Produce, Policía Nacional y Fiscalía, para poder hacer estos operativos que es lo que estamos pidiendo para acabar con esto”, enfatizó. La coordinación interinstitucional es fundamental para llevar a cabo operativos exitosos y desmantelar las redes de pesca ilegal.
La SNP propone que se adopten medidas similares a las que se utilizan para combatir la minería ilegal, como la interdicción en la costa y la fiscalización de las plantas procesadoras. “Así como se hacen interdicciones en los ríos, en la selva o en plantas procesadoras, igual debe ocurrir con la pesca ilegal y no esperar que crezca un fenómeno como hoy día tenemos (con la minería)”, señaló Luna.
En otro ámbito, la SNP ha expresado su preocupación por una propuesta legislativa conocida como “Reinfo pesquero”, que busca abrir las inscripciones al sistema de formalización pesquera artesanal. Si bien la iniciativa podría tener buenas intenciones, la SNP teme que pueda generar un aumento de la pesca ilegal y desestabilizar el sector.
Afortunadamente, Produce ya ha emitido una opinión negativa sobre la propuesta, argumentando que podría tener consecuencias negativas para la sostenibilidad de los recursos pesqueros. El Ministerio del Ambiente también está trabajando en una opinión similar. Luna confía en que estas opiniones negativas del Ejecutivo puedan influir en el Congreso y evitar la aprobación de la iniciativa.
“A finales de diciembre, Produce envió una opinión bastante sólida en contra. También hemos estado con el ministro del Ambiente hablando del tema y entendemos que están trabajando otra opinión”, comentó Luna. A pesar de la posibilidad de que el Congreso apruebe la medida a pesar de las objeciones del Ejecutivo, la SNP considera que todavía hay espacio para llegar a un acuerdo y encontrar una solución que beneficie a todos los actores del sector.
La situación actual exige una respuesta urgente y coordinada por parte del gobierno y las autoridades competentes. La pesca ilegal no solo está causando pérdidas económicas significativas, sino que también está poniendo en peligro la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la seguridad nacional. Es fundamental que se tomen medidas efectivas para combatir esta actividad ilícita y proteger el patrimonio marino del Perú. La falta de acción podría tener consecuencias devastadoras para el futuro del sector pesquero y la economía del país. La sociedad civil y los medios de comunicación también tienen un papel importante que desempeñar en la sensibilización sobre este problema y en la exigencia de soluciones efectivas.
