El Poder Ejecutivo peruano ha aprobado el Decreto Legislativo N.º 1708, modificando los procedimientos para el levantamiento del secreto de las comunicaciones en casos de delitos, especialmente en situaciones de extorsión. Esta medida, tomada en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República, busca agilizar la respuesta de las autoridades ante esta creciente amenaza a la seguridad ciudadana. La aprobación se produce en un contexto de cuarto estado de emergencia nacional y un debate sobre la efectividad de las medidas implementadas hasta el momento.
Desde el 15 de diciembre de 2025, el gobierno de José Jerá cuenta con la potestad de legislar por un período de 60 días en áreas clave como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico y fortalecimiento institucional. El Decreto Legislativo 1708 se centra específicamente en la modificación del párrafo 3 del numeral 3 del artículo 230 del Nuevo Código Procesal Penal, otorgando mayor agilidad al Ministerio Público para solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones en casos de extorsión.
La modificación establece que el fiscal podrá solicitar esta medida en un plazo máximo de 24 horas a partir de la comisión del delito de extorsión. Este plazo se computa desde el momento en que el fiscal recibe el informe policial preliminar. La solicitud deberá incluir información detallada sobre el afectado, su domicilio (si se conoce), la identidad del medio de comunicación o telecomunicación a intervenir, así como la forma, alcance y duración de la interceptación. Además, se deberá especificar la dependencia y los datos del personal policial o de la Fiscalía encargado de la diligencia.
El procedimiento exige que la solicitud se presente ante el juez penal de turno, quien deberá comunicar al fiscal la aprobación del mandato judicial. La comunicación a las concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones se realizará mediante oficio, transcribiendo la parte resolutiva de la decisión judicial para garantizar la confidencialidad del caso.
El decreto también amplía la aplicación del levantamiento del secreto de las comunicaciones a casos de "carácter de emergencia" en los que se amenace inminentemente la vida, la integridad o la libertad personal de la víctima, o en los supuestos previstos en el artículo 200 del Código Penal (delito de extorsión). La rapidez en la respuesta es crucial, y el decreto establece que la autoridad judicial debe resolver la procedencia de la medida en el mismo plazo de 24 horas desde la recepción del requerimiento fiscal.
En caso de ser procedente, el juez deberá solicitar directamente la información a las operadoras de telefonía correspondientes y ordenar su remisión al fiscal y a la unidad policial a cargo de la investigación, en un plazo máximo de 24 horas. Esta cadena de acciones busca reducir significativamente el tiempo de respuesta ante situaciones de extorsión, permitiendo a las autoridades intervenir de manera más efectiva y proteger a las víctimas.
El Primer Ministro, Ernesto Álvarez Miranda, ha manifestado su apoyo a la extensión del estado de emergencia, argumentando que ha arrojado "resultados positivos" en la lucha contra el crimen organizado. En declaraciones recientes, destacó que el estado de emergencia permite a la policía ingresar a establecimientos, como hoteles, y capturar a personas armadas sin necesidad de una orden judicial previa, evitando así la filtración de información que podría comprometer las operaciones. "Necesariamente tiene que ampliarse", enfatizó el Primer Ministro.
Sin embargo, la implementación de estas medidas no ha estado exenta de controversia. La presentación del Plan Nacional de Seguridad ha sido aplazada por segunda vez, esta vez por 10 días adicionales. El Ministerio del Interior, a través de la Resolución Ministerial N.º 0075-2026-IN, informó que el Grupo de Trabajo Multisectorial necesita tiempo adicional para aprobar el marco normativo del plan. Este retraso genera interrogantes sobre la capacidad del gobierno para implementar una estrategia integral de seguridad a corto plazo.
La aprobación del Decreto Legislativo 1708 y la discusión sobre la extensión del estado de emergencia se enmarcan en un contexto de creciente preocupación por la delincuencia en el país. La extorsión, en particular, se ha convertido en un problema generalizado que afecta a ciudadanos de todas las clases sociales y regiones del Perú. Las autoridades buscan herramientas más efectivas para combatir este delito y garantizar la seguridad de la población.
La medida ha generado debate entre expertos en derecho y defensores de los derechos civiles. Algunos argumentan que la agilización del levantamiento del secreto de las comunicaciones podría vulnerar el derecho a la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, mientras que otros sostienen que es una herramienta necesaria para combatir la delincuencia y proteger a las víctimas.
El gobierno, por su parte, defiende la medida argumentando que se implementarán mecanismos de control para garantizar que el levantamiento del secreto de las comunicaciones se realice de manera proporcional y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se espera que el Plan Nacional de Seguridad, una vez aprobado, establezca un marco normativo más claro y detallado sobre el uso de esta herramienta.
En resumen, el Decreto Legislativo 1708 representa un intento del gobierno peruano por fortalecer la lucha contra la delincuencia, especialmente la extorsión, a través de la agilización de los procedimientos para el levantamiento del secreto de las comunicaciones. La medida ha generado debate y controversia, pero el gobierno insiste en que es una herramienta necesaria para garantizar la seguridad ciudadana y proteger a las víctimas. El futuro del Plan Nacional de Seguridad y la posible extensión del estado de emergencia serán cruciales para determinar la efectividad de estas medidas a largo plazo. La ciudadanía espera resultados concretos y una mejora tangible en la seguridad del país.
