En una acción coordinada contra la delincuencia organizada, la Policía Nacional del Ecuador llevó a cabo el operativo denominado "Libertad 851", el cual permitió la aprehensión de tres personas y la vinculación de otros dos individuos a una investigación por el presunto delito de extorsión. Las intervenciones policiales se desarrollaron el pasado 28 de julio de 2026, abarcando despliegues estratégicos en las ciudades de Machala y Guayaquil.
El proceso investigativo se originó a partir de la denuncia formal interpuesta por un ciudadano de 56 años de edad. La víctima informó a las autoridades que había sido blanco de amenazas directas y exigencias económicas, las cuales eran comunicadas de manera recurrente a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Según el reporte policial, los presuntos responsables del delito exigían la suma de 10.000 dólares estadounidenses al ciudadano. A cambio de este pago, los extorsionadores aseguraban que no atentarían contra la vida del denunciante ni contra la integridad física de sus familiares.
La respuesta institucional estuvo a cargo de los servidores de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión, conocida como DINASED. Este equipo especializado ejecutó diversas labores investigativas con el objetivo primordial de identificar a los responsables y analizar la modalidad delictiva empleada para ejecutar las amenazas y la solicitud de dinero.
De acuerdo con la cronología de los hechos proporcionada por la Policía Nacional, la denuncia fue presentada el 27 de julio de 2026, momento en el cual la víctima alertó sobre los mensajes intimidatorios recibidos en su teléfono celular. Inmediatamente después de recibir el reporte, los investigadores activaron los protocolos correspondientes, desarrollando diligencias que permitieron ubicar la posición de los implicados y coordinar los allanamientos realizados el día siguiente.
Como resultado de estas acciones, fueron identificados cinco individuos presuntamente vinculados al caso. Los ciudadanos aprehendidos durante los allanamientos fueron Anthony V., de 19 años; Sol O., de 19 años; y Katya D., de 54 años. Por otro lado, la investigación permitió vincular a otros dos sujetos que ya se encontraban privados de libertad en centros penitenciarios: Josel R., de 19 años, y Carlos M., de 30 años.
Las indagaciones policiales revelaron un aspecto crítico sobre la estructura de esta red delictiva: Josel R. y Carlos M. habrían coordinado la ejecución de las amenazas y las exigencias económicas desde el interior de los centros de privación de libertad, utilizando a las personas aprehendidas en el exterior para operativizar el delito.
Durante las intervenciones en los domicilios y puntos estratégicos, los agentes de la DINASED lograron recolectar indicios fundamentales para el proceso judicial. Entre los elementos levantados se encuentran cinco teléfonos móviles y un comprobante de pago, los cuales han sido integrados al expediente como evidencias relacionadas con el presunto delito de extorsión.
Tanto las personas aprehendidas como los indicios recopilados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Esta entidad será la encargada de conducir el proceso penal, realizar las diligencias judiciales pertinentes y determinar las responsabilidades legales de cada uno de los implicados conforme a lo establecido en la ley vigente.
Finalmente, la Policía Nacional del Ecuador reafirmó que mantiene operativos permanentes y despliegues continuos para combatir los delitos de secuestro y extorsión en todo el territorio nacional. La institución instó a la ciudadanía a no ceder ante las amenazas y a denunciar oportunamente cualquier exigencia económica sospechosa, subrayando que la denuncia inmediata es fundamental para activar los protocolos de investigación y prevenir que se consumen nuevos hechos delictivos.
