Tras más de medio siglo de incertidumbre, se ha confirmado la identidad de Bernarda Vera Contardo, una mujer que durante cinco décadas figuró en los registros oficiales como detenida desaparecida. El hallazgo de Vera Contardo se produjo en Argentina, poniendo fin a una búsqueda que se extendió por más de 50 años y generando un impacto significativo en las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura en Chile.
Bernarda Vera Contardo tenía 27 años cuando fue vista por última vez en octubre de 1973. En aquel momento, se desempeñaba profesionalmente como profesora de educación básica en la localidad de Neltume, perteneciente a la comuna de Panguipulli, en la región de Los Ríos. Desde su desaparición, su nombre quedó vinculado a las listas de personas detenidas desaparecidas, una categoría que implica que el Estado no pudo o no quiso dar cuenta del destino final de la persona.
La resolución de este caso llegó recientemente gracias a la intervención del ministro en visita para causas de derechos humanos, Álvaro Mesa Latorre. El magistrado fue el encargado de comunicar formalmente a los familiares de Vera Contardo que las pericias genéticas, realizadas por el Servicio Médico Legal (SML), arrojaron resultados positivos. Los análisis científicos confirmaron que la identidad de la mujer localizada en el país trasandino coincide plenamente con la de Bernarda Vera.
No obstante, la confirmación de que una persona catalogada como detenida desaparecida se encontraba viva en el extranjero ha provocado reacciones encontradas entre las organizaciones de familiares. El caso ha abierto un debate sobre la naturaleza de las desapariciones y el impacto que estos hallazgos tienen en el proceso de búsqueda de otras víctimas.
Por un lado, Angélica Navarrete, quien se desempeña como presidenta del Centro Cultural Museo Memoria de Neltume, expresó que la noticia debe ser recibida con alegría. Para Navarrete, el hecho de que Bernarda Vera haya sido encontrada representa "una desaparición menos", lo cual es un alivio para la memoria colectiva y para los familiares.
En sus declaraciones, Navarrete defendió la posibilidad de que una persona haya optado por desaparecer como una medida de supervivencia. Según la presidenta del museo, si alguien se ve obligado a tomar ese camino es porque su vida estaba en riesgo, calificando esta decisión como un derecho legítimo. Navarrete subrayó que nadie elige desaparecer por voluntad propia, sino que lo hace bajo la presión de situaciones extremadamente poderosas y un clima de temor generalizado que solo quienes vivieron aquellos años pueden comprender plenamente. En este sentido, describió el acto de desaparecer como una estrategia de sobrevivencia humana ante el peligro inminente.
En sentido opuesto, la noticia ha sido recibida con preocupación por otros sectores. Lidia Rebolledo, presidenta de la Agrupación Detenidos Desaparecidos Caso Chihuío, manifestó que la confirmación de la identidad de Bernarda Vera afecta la credibilidad de quienes aún continúan buscando a sus familiares desaparecidos.
Rebolledo sugirió que es probable que existieran personas que estuvieran al tanto de la situación de la señora Bernarda durante todo este tiempo. La presidenta de la agrupación cuestionó que la mujer no haya aparecido inmediatamente después del retorno a la democracia y el restablecimiento de las instituciones en el país. Según Rebolledo, este tipo de situaciones perjudican al colectivo de víctimas, ya que el hecho de que una persona aparezca después de tanto tiempo puede provocar que el resto de los buscadores sean cuestionados o apuntados, afectando la legitimidad de sus demandas.
A pesar de la confirmación científica proporcionada por el Servicio Médico Legal y la notificación oficial del ministro Álvaro Mesa Latorre, el proceso judicial no ha concluido. Se ha informado que la investigación judicial seguirá su curso normal, aunque se mantendrá bajo reserva para resguardar los detalles del proceso y la privacidad de los involucrados.
