En la ciudad de Guayaquil, específicamente en los terrenos aledaños al parque Samanes, sobre la avenida Paseo del Parque en el norte de la urbe, se ha desencadenado un complejo escenario legal tras la vulneración de sellos de clausura impuestos por las autoridades municipales sobre una serie de juegos mecánicos. Por segunda ocasión, el Municipio ha procedido a aplicar sellos de clausura en estas atracciones, luego de constatar que los dispositivos de seguridad colocados previamente fueron rotos para permitir que las actividades continuaran operando de manera irregular.
La gravedad de la situación no solo radica en el incumplimiento administrativo, sino en las posibles consecuencias penales que enfrentan los responsables. Según el análisis jurídico brindado por el abogado penalista Kléber Siguencia Suárez, la rotura de sellos de clausura colocados por una autoridad competente es una conducta que puede derivar en sanciones severas. Desde la perspectiva administrativa, el Municipio de Guayaquil tiene la potestad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador, lo que implica la colocación nuevamente de los sellos y la aplicación de multas basadas en la normativa interna vigente.
No obstante, el ámbito penal presenta un panorama mucho más crítico. Siguencia explicó que este comportamiento podría encajar en dos infracciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La primera se encuentra en el artículo 282, el cual sanciona el incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad competente. Bajo esta disposición, cualquier persona que desobedezca órdenes o prohibiciones emitidas legalmente por una autoridad en el ejercicio de sus funciones podría enfrentar una pena privativa de libertad que oscila entre uno y tres años.
A esto se suma la posible aplicación del artículo 284 del COIP, que sanciona específicamente la acción de romper o retirar los sellos colocados por una autoridad para hacer cumplir una medida. Esta infracción también contempla una pena de prisión de uno a tres años para aquel que retire los sellos con el propósito deliberado de incumplir la disposición impuesta. El experto legal precisó que, si un juez determina la existencia de más de una infracción, podría valorarse la aplicación del concurso de delitos, lo que influiría directamente en la sanción final.
Este conflicto legal se produce en un contexto de extrema vulnerabilidad para los usuarios. Recientemente, se registró un grave incidente en el cual una mujer de 56 años salió expulsada de uno de los juegos mecánicos, cayendo desde una altura aproximada de 10 metros. De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, la víctima permanece hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), presentando hematomas cerebrales, lesiones cervicales y múltiples fracturas. El abogado Siguencia aclaró que la pena por romper los sellos es independiente de las lesiones sufridas por los afectados, aunque la gravedad de estas últimas es determinante para calcular la reparación integral.
Dicha reparación integral debe cubrir gastos médicos, el tiempo de incapacidad laboral, la edad de la persona, sus cargas familiares y las secuelas permanentes. Mientras que las multas derivadas del proceso penal ingresan al Estado, la reparación integral está destinada exclusivamente a resarcir a las víctimas o a sus familiares. Además, se enfatizó que la responsabilidad penal no recae únicamente sobre el administrador; podrían responder todas aquellas personas que, sabiendo que las atracciones no cumplían con las condiciones técnicas necesarias, permitieron su funcionamiento.
En respuesta a estos hechos, el Municipio de Guayaquil presentó una denuncia formal ante la Fiscalía la tarde del lunes 28 de julio. En dicho documento, la municipalidad solicita el inicio de una investigación previa para determinar los autores y cómplices del presunto ilícito. El ente municipal subrayó que los propietarios o representantes de la actividad económica no han comparecido ante la Comisaría a pesar de las notificaciones, lo que evidencia una falta de acatamiento a las órdenes oficiales.
Respecto a los tiempos procesales, Siguencia señaló que, si no hay detenidos, la investigación previa puede extenderse entre uno y dos años. Si la Fiscalía reúne pruebas suficientes, como pericias y testimonios, podrá formular cargos y solicitar prisión preventiva. Para que los juegos mecánicos puedan volver a operar, los administradores deberán regularizar todos los permisos, someterse a inspecciones técnicas profesionales y obtener la aprobación municipal, siempre y cuando no existan medidas cautelares o de protección dictadas por un juez o la Fiscalía que impidan su funcionamiento.
