El gobierno del presidente Daniel Noboa ha presentado un nuevo y controvertido proyecto de ley para el sector eléctrico, marcando la tercera iniciativa legislativa en esta materia. El Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, presentado a la Asamblea el 28 de enero de 2026 con carácter económico urgente, busca abordar el creciente déficit de generación eléctrica del país y responder a un reciente fallo de la Corte Constitucional que limitó la capacidad del Estado para conceder servicios eléctricos al sector privado.
La controversia surge a raíz de la decisión de la Corte Constitucional del 11 de diciembre de 2025, que declaró inconstitucional el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee). Esta norma permitía la concesión de servicios eléctricos al sector privado bajo la amplia justificación de “interés público”. La Corte argumentó que la redacción era demasiado vaga y carecía de límites claros para las concesiones, abriendo la puerta a posibles abusos y falta de transparencia.
El presidente Noboa no tardó en expresar su desacuerdo con el fallo, calificándolo en su red social X como un “cálculo político”. Esta reacción, sumada a la urgencia con la que se presenta el nuevo proyecto de ley, sugiere una determinación por parte del Ejecutivo de revertir las restricciones impuestas por la Corte y avanzar con una estrategia de mayor participación privada en el sector eléctrico.
La reforma propuesta al artículo 25 de la Lospee habilita “esquemas excepcionales de concesión y delegación de proyectos de generación eléctrica que integran financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, trasladando riesgos al operador privado”. El gobierno estima que estos cambios podrían generar ahorros de hasta USD 100 millones por proyecto concesionado, preservando la liquidez pública y evitando la necesidad de contraer nuevas deudas.
El proyecto de ley detalla las circunstancias excepcionales bajo las cuales el Estado podría delegar la participación en el servicio público de energía eléctrica, tanto en el sector eléctrico general como en el de alumbrado público. Estas delegaciones podrían realizarse a empresas privadas, estatales extranjeras o de economía popular y solidaria, siempre a través de procesos públicos de selección.
Se establecen cuatro criterios principales para justificar estas delegaciones excepcionales:
1. Retrasos superiores a dos años en el cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad (PME), identificados por el Ministerio de Energía.
2. Condiciones de déficit energético, riesgo de racionamiento, colapso operativo, pérdida de reserva o vulneración de criterios de seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional, identificadas por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace).
3. Imposibilidad de proporcionar el servicio por empresas públicas o mixtas debido a razones técnicas o económicas, con un informe motivado del ente rector.
4. Declaración de emergencia del sector eléctrico, debidamente sustentada en informes técnicos del Cenace o de la agencia de regulación y control competente.
5. Obtención de condiciones económicas, financieras o de gestión de riesgos más favorables a través de la participación de empresas privadas, estatales extranjeras o de economía popular y solidaria.
El proyecto de ley enfatiza que estas delegaciones excepcionales deberán estar respaldadas por estudios técnicos, económicos y jurídicos que demuestren de manera objetiva y verificable la concurrencia de las circunstancias excepcionales invocadas. Además, el Estado mantendrá la rectoría, planificación, regulación, control y fiscalización del sector eléctrico, asegurando que la delegación no implique la transferencia de la titularidad del servicio público ni la renuncia a sus facultades de supervisión.
Para garantizar una gestión transparente y controlada, el Ministerio de Energía establecerá anualmente, mediante informes técnicos, un límite progresivo de ingreso de proyectos de generación eléctrica para delegación, fijado en megavatios (MW) de potencia por tecnología, en función de la disponibilidad, capacidad y condiciones operativas del sistema. Los contratos de concesión tendrán un plazo máximo de hasta 30 años, contados desde el inicio de la operación comercial, con la posibilidad de una renegociación excepcional previa justificación técnica, económica y jurídica.
El proyecto también busca impulsar la autogeneración del sector privado, en un contexto de déficit de generación de alrededor de 866 megavatios y la interrupción del suministro de energía desde Colombia a partir del 21 de enero de 2026, debido a tensiones comerciales. Para ello, se crea la figura del Distrito Autónomo Energético (DAE), una empresa que podrá ser propietaria de una red eléctrica con generación propia local o remota, pudiendo incluso vender excedentes al sistema eléctrico nacional. Estas empresas podrán ser de capital público, privado, mixto o de la economía popular y solidaria, y su actividad estará regulada por la Agencia de Regulación y Control (Arconel).
Además, se permitirá a los consumidores instalar sistemas de generación para su propio consumo, contratando a terceros para la instalación y operación. El Cenace priorizará el despacho de energía de las plantas de generación con los costos de producción más bajos, con una prioridad especial para la generación renovable no convencional de hasta 10 MW (solar o eólica) y un despacho mínimo de la capacidad efectiva de las centrales de generación que utilicen energías de transición.
La presentación de este proyecto de ley ha generado un intenso debate en el país. Mientras el gobierno lo defiende como una medida necesaria para superar la crisis energética y atraer inversiones privadas, la oposición y algunos sectores de la sociedad civil expresan preocupación por la posible pérdida de control estatal sobre un sector estratégico y los riesgos de una mayor dependencia del sector privado. El futuro del sector eléctrico ecuatoriano, y la capacidad del gobierno de Noboa para superar los obstáculos legales y políticos, dependerán en gran medida del resultado de la discusión y aprobación de este controvertido proyecto de ley. La central eólica Villonaco, como uno de los proyectos seleccionados por la Celec para alianzas estratégicas, podría ser un ejemplo de cómo se implementarán estas nuevas regulaciones en la práctica.
