La Comisión de Postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), presidida por Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), cerró este miércoles 28 de enero el plazo para la recepción de expedientes de los profesionales interesados en integrar el máximo órgano electoral del país. El Salón Mayor del Congreso fue el epicentro de una jornada frenética que se extendió hasta las 18:00 horas, marcando el final de un proceso crucial para la gobernabilidad democrática de Guatemala. Durante tres días intensos, más de 70 profesionales, entre ellos actuales y exmagistrados, jueces, fiscales y abogados de diversas ramas, acudieron a presentar su postulación, buscando un puesto en el período 2026-2032 y la responsabilidad de conducir las elecciones generales de 2027 y 2031.
Desde las primeras horas de la mañana, y conforme se acercaba el cierre, el Salón Mayor del Congreso se transformó en un hervidero de actividad. Una aglomeración de profesionales, muchos de ellos con reconocidas trayectorias, llenó las instalaciones, creando la necesidad de habilitar una sala de espera y de expandir la capacidad de atención. Nueve mesas fueron puestas a disposición para agilizar la revisión de la papelería, un proceso que la Comisión de Postulación, bajo la coordinación inicial del comisionado José González, mantuvo con riguroso escrutinio para garantizar la validez de cada expediente. El presidente del Congreso, Luis Contreras, hizo una breve visita para observar de cerca el desarrollo de la recepción, subrayando la importancia institucional del evento. La imagen de profesionales formados en fila, con sus documentos en mano y la expectación reflejada en sus rostros, fue la constante en este decisivo día, donde el rigor de la revisión de expedientes fue un punto recurrente.
La jornada estuvo marcada por la postulación de figuras con experiencia directa en el ámbito electoral y judicial. Entre los aspirantes a la reelección se encontraban Irma Palencia y Gabriel Aguilera, ambos actuales magistrados del TSE, quienes entregaron su papelería reafirmando su interés en continuar al frente del organismo. Noé Adalberto Ventura Loyo y Marlon Josué Barahona Catalán, magistrados suplentes del TSE, también buscaron ascender a un puesto titular. La lista de exmagistrados del TSE que se postularon incluyó a Julio Enrique Dougherty Monroy, quien ya sirvió como magistrado suplente (2008-2014) y exmagistrado, César Conde Rada (1996-2002) y Rudy Marlon Pineda, expresidente del Tribunal, aportando su vasta experiencia al proceso y generando expectativa sobre sus motivaciones para un retorno.
La convocatoria atrajo a una amplia gama de profesionales del derecho y la administración pública, evidenciando el profundo interés en los desafíos que presenta el TSE. Magistradas de apelaciones como Dasma Janina Guillén Flores, Rosa Rivera, Alba Susana López Racanac y Mabell Amparo Yee Liu, así como el magistrado Roberto Morales Estuardo Gómez, presentaron sus candidaturas, buscando trasladar su experiencia judicial al ámbito electoral. El poder judicial también estuvo representado por jueces de alta relevancia como Eva Recinos, de mayor riesgo, María Roselia Lima Garza, y el exjuez Séptimo Penal, Adrián Rodríguez. Del ámbito fiscal acudieron Julio Recinos, la fiscal contra delitos electorales Lizbeth Pérez de Paz, la fiscal de la niñez Edna Barco, y el exfiscal Juan Luis Polanco Santizo, lo que sugiere un énfasis en la integridad de los procesos.
La experiencia en la administración pública y la defensa de derechos humanos fue evidente con la postulación de Claudia Caterina Maselli, exprocuradora adjunta de Derechos Humanos; Rita Elizondo, exsubsecretaria de Conamigua y exfuncionaria de Segeplan, quien declaró sumar "14 años de haber sido funcionaria pública" y prometió "abordar la participación ciudadana sin exclusión", destacando un enfoque inclusivo. Arabella Castro, exministra de Educación y participante en procesos previos, incluido el de 2014, también se sumó a la contienda, evidenciando una persistencia en su interés por la función electoral.
Otros postulantes destacados incluyeron a Gloria López, directora electoral; Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, exdirector de Presidios; Ana Isabel Antillón, exdirectora legislativa; Fanuel Macbanai García Morales, director del Instituto de la Víctima; y Leonardo Gregorio García, subinspector del TSE, todos con conocimiento directo de la operatividad estatal. La primera en entregar su papelería fue Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, marcando el inicio de una larga fila que también incluyó a Lester Escobar, Mario Revolorio Osorio, Hector Oswaldo Choc Xol, Jazmín Orellana Nelson, Axel Samael Espino Martínez del Instituto de la Defensa Pública Penal, Manuel Antonio Díaz Castillo del Centro Universitario de la Usac, José Urrutia, Virginia Romero, Erick Castillo Romero, Emerson García Morales (quien fue secretario del Partido Todos), Jorge Antonio García Mancilla, Omar Hernández Anzueto, Mario Antonio Siekavizza, Jessica Jiménez Sandoval (coordinadora electoral), Beyla Estrada de Brito (exmagistrada de Sala), y los exmagistrados de apelaciones Roaldo Isaías Chávez, Jorge Rolando Sequén Monroy y Leonel Rodrigo Sáenz Bojórquez. La diversidad de perfiles subraya la complejidad y el alcance de las responsabilidades que aguardan a los futuros magistrados del TSE.
La relevancia de esta elección trascendió las paredes del Congreso. Más de 40 entidades, organizaciones sociales y ciudadanas han estado siguiendo de cerca el proceso, ejerciendo una presión constante para asegurar su transparencia. Estas organizaciones recordaron a los legisladores la importancia de que el proceso fuera público y accesible, una demanda que cobró especial relevancia ante intentos previos del presidente de la Comisión, Walter Mazariegos, de llevar las sesiones a un hotel, lo que generó preocupación en su momento. La comunidad internacional también ha puesto sus ojos en Guatemala, con la Unión Europea manifestando su atención al desarrollo de esta crucial selección. Los nuevos magistrados del TSE, que serán juramentados y tomarán posesión el 19 de marzo, no solo definirán el rumbo del órgano electoral para el período 2026-2032, sino que tendrán la monumental tarea de organizar y supervisar las próximas dos elecciones generales del país en 2027 y 2031. De su idoneidad, independencia y probidad dependerá en gran medida la credibilidad y legitimidad de los futuros procesos democráticos guatemaltecos, en un contexto regional y nacional de creciente escrutinio sobre la transparencia electoral.
