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Gobierno propone cobro de $8 por kWh para aliviar crisis de comercializadoras de energía

Gobierno propone cobro de $8 por kWh para aliviar crisis de comercializadoras de energía

El Ministerio de Minas y Energía ha publicado un borrador de resolución que busca aliviar la crisis financiera de las comercializadoras de energía intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La medida propone el cobro de ocho pesos por kilovatio-hora en el componente de restricciones a los usuarios de todo el país.

Según el documento, las empresas intervenidas acumulan pasivos por más de $2 billones, una situación que representa un riesgo para la operación del mercado eléctrico y para la continuidad del servicio, especialmente en la región Caribe, donde se concentra una parte significativa de los usuarios.

Una de las justificaciones del proyecto es que la región Caribe enfrenta una situación socioeconómica más vulnerable que el promedio nacional, con una incidencia de pobreza multidimensional del 18,5%, frente al 11,5% del país. "Esta realidad limita la capacidad de pago de los usuarios, profundiza la pobreza energética y mantiene rezagos estructurales en la prestación del servicio de energía", se lee en el documento.

Asimismo, se señala que la persistencia o ampliación de las deudas con los agentes del mercado representa un riesgo para la viabilidad financiera de las empresas acreedoras y para su operación dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN). "De no gestionarse estas obligaciones, podría verse comprometida la atención de los usuarios y el abastecimiento nacional de energía eléctrica, lo que hace necesario adoptar medidas orientadas a asegurar la continuidad de las acreencias y evitar un mayor deterioro financiero del sector", argumenta el ministerio.

Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios del Caribe, calificó el borrador como "inaceptable" y afirmó que, por primera vez, el Ministerio de Minas y Energía reconoce de manera explícita la grave crisis financiera de Air-e, situación que, según indicó, no había sido admitida previamente por el Gobierno.

Por su parte, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta afirmó que la medida propuesta por el Gobierno constituye un "atajo" al que ha tenido que recurrir como consecuencia de la "negligencia e incompetencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". Recordó que la obligación de la Superintendencia cuando intervino a Air-e era aplicar correctivos como la inyección de recursos provenientes del Fondo Empresarial.

Según Acosta, el cobro propuesto de ocho pesos por kilovatio-hora implicaría un aumento aproximado de $1.200 mensuales para los usuarios regulados y de hasta $40 millones para los usuarios no regulados, lo que trasladaría el costo de la crisis financiera de la empresa intervenida directamente a los consumidores.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó que este cobro se aplicaría a todos los usuarios del país, debido a que el Gobierno no cuenta con recursos presupuestales suficientes para realizar una inyección directa al Fondo Empresarial. Indicó que Air-e mantiene actualmente deudas por aproximadamente $1,6 billones con el sector eléctrico, de los cuales $1,1 billones corresponden a generadoras térmicas de la región Caribe.

Para Tomás González, exministro de Minas y Energía, esta medida busca resolver un riesgo sistémico que, en buena parte, fue creado por el propio Gobierno, al modificar el esquema de garantías de tal forma que no se pudiera imponer la limitación del suministro a Air-e. Asimismo, señaló que a esto se suma la reiterada promesa del presidente Gustavo Petro de que las deudas de la empresa serían asumidas por el Gobierno, "promesa que, a la luz de esta propuesta, terminarían pagando los usuarios y no el Estado".

González indicó que si bien la medida atiende un problema real y grave, no aborda la causa estructural del problema, como los altos niveles de pérdidas y el bajo recaudo que hacen inviable la prestación del servicio en las condiciones actuales. Además, señaló que persiste la duda sobre si este cobro será verdaderamente transitorio o si, como ha ocurrido con otros gravámenes, terminará convirtiéndose en un cobro permanente.

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