El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Uruguay anunció un nuevo decreto reglamentario que busca incentivar proyectos de inversión con mayor impacto en empleo, productividad y desarrollo territorial. La normativa, difundida por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), introduce cambios en la matriz de indicadores que evalúa los proyectos que acceden a los beneficios fiscales.
Según el MEF, la nueva reglamentación prioriza el empleo en los grupos poblacionales con mayores dificultades de acceso al mercado laboral y promueve la descentralización de la inversión en los departamentos del país que sufren las principales problemáticas de empleo y pobreza.
Algunas de las principales novedades del decreto incluyen:
- Actualización de los indicadores vinculados a la productividad, con la transformación del indicador de Investigación, Desarrollo e Innovación en I+, y el refuerzo del enfoque ambiental mediante la sustitución del indicador de Tecnologías Limpias por el de Sostenibilidad Ambiental.
- Ampliación del acceso a los incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Las micro y pequeñas firmas recibirán 15 puntos porcentuales adicionales de exoneración del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y dos años extra para utilizar el beneficio, mientras que las empresas medianas de hasta 50 empleados accederán a 10 puntos porcentuales adicionales y un año extra.
- Eliminación del tope de 3,5 millones de Unidades Indexadas (unos US$ 500 mil) que limitaba el acceso de las Mipymes a los beneficios adicionales, y habilitación para que empresas sin contabilidad suficiente puedan postularse presentando una declaración jurada de IRAE.
- Priorización de proyectos de mayor porte que generen externalidades positivas en empleo y productividad. Los proyectos con inversiones superiores a 180 millones de UI (US$ 30 millones) podrán acceder a una exoneración del 100% del IRAE si cumplen determinados requisitos de generación de empleo e innovación y se presentan antes de fines de 2027.
El gobierno de Uruguay busca, a través de este nuevo decreto, incentivar la inversión como prioridad estratégica para promover un mayor crecimiento económico y generar más y mejores oportunidades laborales, especialmente en las regiones más vulnerables del país.
