El gobierno ha ordenado la emisión de nuevas series de Certificados de Bonos de Pago por Indemnización (CBPI) y ha extendido el plazo de pago de esta deuda histórica hasta el año 2041. Esta medida busca administrar las obligaciones derivadas de indemnizaciones y expropiaciones de propiedades, principalmente ocurridas durante los años 80.
Los CBPI fueron creados originalmente para gestionar esta deuda acumulada a lo largo de décadas, producto de confiscaciones y expropiaciones de bienes privados realizadas por el Estado. Ahora, con la emisión de nuevas series de estos bonos, el gobierno busca reestructurar y extender los plazos de pago, aliviando la carga financiera a corto plazo.
Según fuentes oficiales, la decisión de extender el plazo de vencimiento de los CBPI hasta 2041 tiene como objetivo "dar mayor sostenibilidad a los compromisos del Estado" en relación a estas obligaciones históricas. De esta manera, el gobierno espera poder cumplir con los pagos de forma gradual y sin generar mayores presiones sobre las finanzas públicas.
Los analistas económicos consultados señalan que esta medida, si bien brinda alivio en el corto plazo, implica que el Estado deberá destinar recursos durante las próximas dos décadas para honrar estos compromisos. Esto podría limitar la capacidad del gobierno para ejecutar otros planes y programas en el futuro.
Por su parte, los tenedores de estos bonos han manifestado su preocupación por la extensión del plazo, ya que deberán esperar hasta 2041 para cobrar la totalidad de sus acreencias. Algunos incluso han advertido que podrían iniciar acciones legales si no se les ofrece una compensación adecuada.
En resumen, la emisión de nuevas series de CBPI y la extensión del pago de la deuda hasta 2041 es una medida del gobierno para reestructurar compromisos históricos, pero que genera inquietud entre los acreedores y analistas por sus posibles implicaciones a largo plazo.
