El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió el 31 de diciembre de 2025 a la Corte Constitucional el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Emiratos Árabes Unidos, el cual fue aprobado por esa entidad el 7 de enero de 2026. Con ello, Ecuador regresa formalmente a los Tratados de Inversión que fueron suspendidos desde 2017 durante la época del expresidente Rafael Correa.
De acuerdo con el oficio del presidente Noboa remitido a la Corte Constitucional, el tratado es imperioso para "concretar el ingreso de importantes capitales a la economía ecuatoriana que permitan la consecución de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029".
Durante su gobierno, Correa denunció 17 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) por incluir la posibilidad de que inversionistas extranjeros presenten arbitrajes internacionales para resolver sus controversias con el Estado ecuatoriano en cortes internacionales, algo que contradice el artículo 422 de la Constitución. Correa fue un gran crítico de estos instrumentos y los acusó de abrir la puerta a millonarios juicios de petroleras y empresas eléctricas en cortes extranjeras, lo que consideraba que afectaba la soberanía y la economía del país.
El artículo 422 de la Carta Magna establece que Ecuador solo puede acudir a arbitrajes en el exterior que tengan como sede cortes en Latinoamérica. Los tratados que denunció el entonces presidente fueron con Estados Unidos, Italia, Bolivia, Perú, España, Canadá, Argentina, Venezuela, Brasil, Francia, Suecia, Chile, Suiza, China, Alemania y Gran Bretaña, que incluye a Irlanda del Norte.
Con la aprobación del TBI con Emiratos Árabes Unidos, el gobierno de Noboa busca atraer nuevas inversiones extranjeras directas que contribuyan al desarrollo económico del país, luego de la suspensión de este tipo de acuerdos durante la administración de Correa. Sin embargo, este movimiento también reabre el debate sobre los límites constitucionales a los que debe sujetarse Ecuador en la suscripción de este tipo de tratados.
