El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, afirmó este jueves que ninguna ley promovida desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) puede dar de baja un decreto impulsado por el Ejecutivo. Ávila resaltó que los legisladores no pueden legislar sobre competencias del nivel del Gobierno.
"Con ninguna ley se pudo dar de baja el Decreto Supremo 21060. Es un decreto de más de 40 años que establece procedimientos en el marco de lo que es la competencia del Ejecutivo. Obviamente, con una ley no se puede bajar un decreto; es una competencia del nivel Ejecutivo", dijo Ávila en conferencia de prensa.
La declaración de Ávila se produce luego de que el diputado Edmand Lara anunciara que presentará un proyecto de ley desde el Parlamento para frenar los Decretos Supremos 5503 y 5515, impulsados por el presidente Rodrigo Paz. Estos decretos han sido cuestionados por algunos sectores sociales que incluso han bloqueado carreteras en el país.
Ante esta postura, el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, criticó la posición de Ávila y lo calificó como "servil" al Gobierno. "Esa autoridad es servil al Gobierno, es un 'llunku'. Hemos sido electos para fiscalizar y hacer cumplir la Constitución. Si como diputados no hacemos nada, somos cómplices y mañana nos pueden procesar por incumplimiento de deberes. Debemos presentar acciones de inconstitucionalidad", resaltó Pacheco.
La Alianza Libre también anunció que presentará un proyecto de ley para dar de baja estos decretos de Paz. Sin embargo, Ávila advirtió que "habrá que ver qué es lo que se promulga; hasta el momento es un anuncio. Lo que sí hay que estudiar claramente y establecer es que hay competencias de los órganos del Estado. Nosotros no podemos legislar sobre competencias operativas del nivel Ejecutivo y la política económica, y el manejo de la política económica es una competencia exclusiva del poder Ejecutivo, que se ejecuta a través de decretos".
Esta disputa entre el Legislativo y el Ejecutivo refleja la tensión existente en torno al alcance de las atribuciones de cada poder del Estado. Mientras que el Senado defiende la potestad del Ejecutivo para emitir decretos, la oposición parlamentaria considera que el Legislativo tiene la facultad de fiscalizar y anular dichas medidas a través de leyes.
