La asambleísta Mónica Palacios, del movimiento Revolución Ciudadana, ha sido nuevamente sancionada por la Asamblea Nacional. A través de un video difundido en su cuenta de X, Palacios informó que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) resolvió suspenderla por 31 días, convirtiéndose en la segunda sanción en menos de un año.
La medida se produce luego de que Palacios expusiera presuntos vínculos entre la asambleísta Mishel Mancheno, su esposo Álvaro Guivernau, presidente de Noboa Trading, y Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura, quien recientemente compareció ante el Legislativo.
Tras conocerse la resolución del CAL, Palacios denunció un supuesto acoso político y mediático, que según afirmó estaría impulsado desde el entorno del gobierno del presidente Daniel Noboa. Hasta el momento, Mishel Mancheno ni Álvaro Guivernau han emitido pronunciamientos públicos sobre las acusaciones.
Esta no es la primera vez que Palacios enfrenta medidas disciplinarias. En septiembre de 2025, fue suspendida por 90 días sin sueldo, tras una denuncia presentada por la entonces asambleísta Nataly Morillo, del bloque oficialista ADN, por presuntamente alterar el orden durante una sesión de la Comisión de Biodiversidad. Previamente, el 6 de mayo de 2024, recibió otra suspensión de 60 días, también sin remuneración, por una denuncia de acoso laboral. A ello se suma una amonestación escrita emitida en febrero de ese mismo año, tras un altercado con la exministra de Gobierno, Mónica Palencia.
La nueva sanción reaviva el debate sobre los límites entre disciplina legislativa y libertad de fiscalización en la Asamblea Nacional. Palacios, conocida por su postura crítica y confrontativa, ha sido objeto de múltiples sanciones en los últimos años, lo que ha generado cuestionamientos sobre si estas medidas responden a un intento de silenciar voces disidentes dentro del Legislativo.
El caso de Mónica Palacios pone en evidencia la compleja dinámica que se vive en la Asamblea Nacional, donde la tensión entre el ejercicio de la fiscalización y el mantenimiento del orden institucional parece ser una constante. Mientras algunos ven en las sanciones un mecanismo legítimo de disciplina, otros las perciben como una forma de limitar la libertad de expresión y el derecho a cuestionar el poder establecido.
