El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) firmó este 7 de enero de 2026 con la empresa petrolera china PetroOriental la renegociación del contrato de operación del Bloque 14, ubicado en la provincia de Orellana, en un área que se superpone con el Parque Nacional Yasuní.
La nueva modificación contractual contempla una actualización tarifaria en el bloque 14 y la ampliación del plazo de vigencia del contrato, extendiéndose hasta 2040, detalló la Cartera de Estado. Según el documento firmado, la inversión de PetroOriental será de USD 36 millones, recursos que se destinarán a nuevas actividades exploratorias, incremento de la producción, programas sociales y acciones de compensación en la Amazonía ecuatoriana.
Inés Manzano, Ministra de Ambiente, destacó que la extensión del plazo contractual "viabiliza inversiones de largo plazo, maximiza la recuperación de reservas y asegura la estabilidad operativa del campo".
Este nuevo acuerdo ha generado preocupación entre ambientalistas y defensores del Yasuní, quienes temen que la actividad petrolera pueda afectar aún más a este ecosistema frágil y biodiverso. El Parque Nacional Yasuní es considerado uno de los lugares más diversos del planeta y alberga pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Organizaciones como Acción Ecológica han criticado duramente la decisión del gobierno, argumentando que pone en riesgo la integridad del Parque Nacional y los derechos de las comunidades locales. "Es inaceptable que se siga priorizando la extracción de petróleo sobre la protección de la Amazonía y los pueblos que la habitan", señaló una portavoz de la organización.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente asegura que el nuevo contrato incorpora "salvaguardas ambientales y sociales" para mitigar el impacto de la actividad petrolera. Sin embargo, expertos independientes han cuestionado la efectividad de estas medidas y advierten sobre los riesgos a largo plazo.
La decisión del gobierno de extender el contrato con PetroOriental en el Parque Nacional Yasuní refleja la tensión constante entre el desarrollo económico y la protección ambiental en Ecuador. Mientras las autoridades defienden la necesidad de atraer inversiones y asegurar la producción de hidrocarburos, los grupos ambientalistas y defensores de los derechos indígenas exigen una mayor prioridad a la conservación de este ecosistema único.
