En una jornada marcada por la dinámica entre los tres Poderes del Estado, quedaron al descubierto tensiones que van más allá del discurso político. Por un lado, el Órgano Judicial realizó cambios en su cúpula, eligiendo a María Cristina Chen como su nueva presidenta. Por otro, el Presidente José Raúl Mulino presentó un informe a la Nación en el que cuestionó duramente al Poder Judicial por decisiones que, según él, liberan delincuentes y erosionan la confianza ciudadana.
El mandatario incluso retó a los jueces a explicar públicamente sus fallos, en una clara señal de descontento con el accionar de la justicia. Sin embargo, este reclamo parece no compadecerse con las propias actuaciones del Ejecutivo en materia de lucha anticorrupción, donde las señales han sido, cuando menos, ambiguas.
Desde el Legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, prometió orden, digitalización y transparencia. Además, reclamó $500 millones adeudados a los municipios y planteó reformas a la descentralización y a la carrera legislativa.
El verdadero desafío, para todos los Poderes, es alinear lo que se dice con lo que se hace. Sin esa coherencia, la rendición de cuentas seguirá leyéndose solo entrelíneas, dejando en evidencia las tensiones subyacentes entre las diferentes ramas del Estado.
