El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, juramentó este martes a Jorge Subero Isa y a Antoliano Peralta Romero como nuevos funcionarios clave en el área de Justicia y Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
Subero Isa fue designado como el nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, mientras que Peralta Romero asumió el cargo de ministro de Justicia. Ambos fueron nombrados mediante el Decreto 1-26, el primero del año.
Durante el acto de juramentación, Subero Isa agradeció la confianza depositada en él por el presidente y aseguró que, entre sus funciones, trabajará en la prevención del delito. "La idea es tratar, dentro de nuestras atribuciones, promover la prevención del delito en todas sus manifestaciones", dijo.
Por su parte, Peralta Romero destacó la importancia de la creación del Ministerio de Justicia para la institucionalidad del país y la adecuada separación de los poderes públicos. Entre las principales funciones del nuevo ministerio, citó la administración del sistema penitenciario, la protección de los derechos humanos y la defensoría del Estado en los procesos judiciales.
"Quiero agradecer al presidente de la República que haya confiado estas tareas de tanta importancia para la institucionalidad del Estado en mi persona", expresó Peralta Romero.
Ambos funcionarios cuentan con una amplia trayectoria y experiencia en el ámbito jurídico y de la administración pública. Subero Isa se desempeñó como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante 14 años, liderando importantes procesos de modernización del sistema judicial.
Por su parte, Peralta Romero se ha destacado como abogado litigante y consultor de entidades públicas y privadas, con especialización en materia electoral. Además, ha ocupado cargos gremiales relevantes, como vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación de Abogados del país.
La juramentación de estos nuevos funcionarios se enmarca en los esfuerzos del gobierno de Abinader por fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho en la República Dominicana, a través de la designación de profesionales con amplia experiencia y trayectoria en el ámbito jurídico.
