El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) tomó una decisión unánime de formular cargos contra Canal 13 por el reportaje sobre la desaparición forzada de la defensora mapuche del medio ambiente, Julia Chuñil Catricura, emitido el 12 de octubre de 2025 en Teletrece Central.
Esta resolución marca un precedente relevante en la defensa del derecho a una comunicación responsable y respetuosa de los derechos fundamentales. El CNTV consideró que el reportaje vulneró la presunción de inocencia, dañó la honra de la familia de Chuñil y reprodujo prácticas mediáticas que, lejos de informar, instalaron culpabilidades sin sustento judicial.
Según el informe del CNTV, el programa de Tele Trece Central difundió información sobre la existencia de pruebas de ADN de Julia Chuñil encontradas en su hogar, pero sin indicar que se había comprobado que ellas correspondían a animales. Además, expuso los nombres y rostros de los hijos de la víctima, sometiéndolos al escrutinio y la estigmatización pública, sin que existan pruebas incriminatorias en su contra.
Para la familia de la defensora mapuche, este reportaje no fue un error aislado, sino parte de un "montaje mediático y judicial" que se reitera permanentemente. Denuncian el empleo de "testigos protegidos" sin respaldo verificable, la manipulación de datos y la construcción de una narrativa que intenta desviar la atención sobre la existencia de amenazas y conflictos legales y territoriales que rodeaban a Julia Chuñil antes de su desaparición.
La decisión del CNTV se sustenta en las 540 denuncias ciudadanas recibidas, que coinciden en señalar la construcción de imputaciones infundadas, la criminalización anticipada de los hijos de Chuñil, la omisión del contexto de violencia y amenazas que rodeaban el caso, y el trato desigual de las hipótesis investigativas, otorgando mayor credibilidad a las sospechas contra la familia que a los antecedentes que involucran al principal sospechoso empresarial.
Ahora, Canal 13 deberá presentar su defensa, y el CNTV decidirá si procede a sancionar al medio de comunicación. Este caso interpela al sistema mediático en su conjunto y plantea la urgente pregunta sobre quién responde cuando los medios de comunicación y la televisión dañan, estigmatizan y condenan de manera racista y prejuiciosa a personas y comunidades de pueblos originarios, antes que la justicia haya finalizado su accionar.
