El gobierno de Chile ha decidido aplazar por un año el reavalúo fiscal de los bienes raíces no agrícolas en el país, en respuesta a las fuertes críticas de expertos sobre la falta de transparencia en el cálculo del impuesto territorial. Esta medida, que estaba programada para entrar en vigor el 1 de enero de 2026, ha sido incluida en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 que se discutirá próximamente en el Congreso.
La decisión se tomó luego de que el Ministerio de Hacienda intentara incluir la propuesta de aplazamiento en un proyecto de ley tributario para pymes, sin éxito. Finalmente, el Ejecutivo optó por separar la iniciativa y presentarla como una modificación junto con una propuesta de reformulación del Fondo Común Municipal, que tampoco avanzó.
Según explicó el Servicio de Impuestos Internos (SII), la institución está obligada por ley a publicar cada cuatro años la resolución que norma el proceso de reavalúo de los bienes raíces no agrícolas. Por ello, a pesar de que el proyecto de ley que posterga este proceso aún no ha sido tramitado en el Congreso, el SII publicó la Resolución N 209 con la metodología y factores incluidos en el proceso.
No obstante, el SII señaló que está "muy atento a los avances en la tramitación del proyecto, y en la eventualidad de que sea ley, emitir la resolución que deje sin efecto este proceso".
En la resolución, el SII menciona que ha realizado reuniones de trabajo con diversas entidades públicas y privadas para incorporar mejoras a la metodología de determinación de los avalúos fiscales. Entre los principales ajustes, se eliminaron algunos coeficientes y factores, y se estableció un nuevo factor de seguridad que fija los valores fiscales en un nivel promedio equivalente al 60% de los valores de mercado.
Expertos como Luis Felipe Ocampo, socio de Recabarren & Asociados, consideran que estas adecuaciones metodológicas "ayudan y se aplican criterios de realidad", pero creen que el problema del impuesto territorial requiere una reformulación más profunda. Asimismo, Ocampo señala que el aplazamiento por un año no sería suficiente para estudiar a fondo los cuestionamientos a la situación de las contribuciones, especialmente frente al proyecto del futuro gobierno de eliminar el impuesto a la primera vivienda.
