El gobierno del presidente Gustavo Petro ha desatado una gran polémica al declarar una emergencia económica en medio de las vacaciones de fin de año, con el objetivo de implementar un paquete de nuevos impuestos. Expertos jurídicos cuestionan si esta medida cumple con los requisitos constitucionales y legales necesarios.
Juan Manuel Charry, reconocido analista legal, señala que la declaratoria de emergencia genera dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de ser hechos "sobrevinientes" e "imprevistos", ya que las circunstancias invocadas por el gobierno, como la caída de la reforma tributaria o la crisis del sistema de salud, son situaciones de larga data que podrían manejarse con el ordenamiento jurídico ordinario.
"Acá lo que llama la atención es que, algunos consideramos, que los hechos que se invocan en la declaratoria no cumplen con los requisitos justamente de ser sobrevinientes o imprevistos, sino que se trata de circunstancias de coyuntura donde el gobierno podría tener responsabilidad", afirma Charry.
Uno de los principales cuestionamientos es que el gobierno estaría aprovechando la "vacancia judicial" durante las vacaciones de fin de año para imponer estos nuevos impuestos a través de la declaratoria de emergencia, evitando así el control judicial ordinario.
"Se está decretando una emergencia en la que hay dudas sobre el cumplimiento de los requisitos y se está aprovechando la vacancia judicial para poner esa emergencia en funcionamiento y adoptar así medidas que básicamente serían la imposición de impuestos. Todo esto para empezar a recaudar dineros que necesita el Estado. Y eso es lo cuestionable, pues el control judicial debería operar de manera ordinaria y no con una vacancia judicial de por medio", advierte el experto.
La Corte Constitucional tendrá la tarea de revisar la constitucionalidad de la declaratoria de emergencia y de los decretos expedidos con base en ella. Según Charry, este control se realizará en un plazo acelerado, de aproximadamente 3 a 4 meses, a diferencia del proceso ordinario que puede tardar hasta 9 meses.
El analista legal señala que, si la Corte determina que la declaratoria de emergencia es inconstitucional, las medidas adoptadas con base en ella también lo serían. Esto implicaría que el gobierno tendría que devolver los recursos recaudados a través de los nuevos impuestos, lo cual generaría un gran debate sobre los efectos retroactivos de esta decisión.
Más allá de los cuestionamientos legales, Charry advierte que el manejo de las finanzas públicas no debe abordarse únicamente desde una óptica impositiva, sino que el Estado debe buscar incentivar el crecimiento económico para aumentar los ingresos tributarios de manera sostenible.
"El Estado y particularmente el ejecutivo tienen los instrumentos para dirigir la economía e incentivar la producción y con ello, si la economía crece, crece el recaudo impositivo sin que haya inconveniente en que se ajusten los impuestos", concluye el experto.
