A escasos días de que finalice el año, el panorama financiero para los hogares y las empresas en Costa Rica se prepara para una transición administrativa de alto impacto. No se trata solo del cierre de un ciclo fiscal habitual, sino de la entrada en vigencia de medidas que alterarán la composición neta de los salarios y los costos de operación en el sector privado a partir de enero próximo.
Este fenómeno responde a una estrategia técnica diseñada años atrás, con el objetivo de lograr la sostenibilidad de los sistemas de protección social frente al envejecimiento de la población y las presiones financieras que enfrenta el Estado. Para los trabajadores, este cambio implica un ajuste en la matemática de sus ingresos, donde cada colón generado en la nómina tendrá un destino porcentual distinto al que se venía aplicando durante todo el periodo del 2025.
La comprensión de estos movimientos es fundamental para proteger el flujo de caja de las compañías, ya que las variaciones se aplicarán de forma automática y obligatoria en los primeros depósitos de la primera quincena del nuevo año. Es necesario evitar errores en el cálculo de las planillas que podrían derivar en contingencias legales con la seguridad social.
Este ajuste es tripartito y escalonado, involucrando un esfuerzo económico compartido entre los empleados, los empleadores y el Estado para financiar las pensiones futuras. La estrategia gradual inició en 2019 con el objetivo de fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), garantizando recursos adicionales estimados en 80.000 millones anuales.
Para los trabajadores, el aporte del seguro de salud y el Banco Popular se mantienen sin cambios, pero la porción destinada a la pensión del IVM se incrementa del 4,17% al 4,33%, empujando el total de la retención obrera al 10,83%. Por el lado de los empleadores, su cuota específica de pensión sube del 5,42% al 5,58%, llevando el costo total de la carga patronal sobre la planilla del 26,67% al 26,83%.
Además de estos ajustes en las cargas sociales, el sector privado deberá aplicar un incremento salarial general del 1,63% para todas las ocupaciones mínimas, con sectores como el servicio doméstico y los técnicos medios recibiendo aumentos diferenciados del 3,96% y 2,5% respectivamente.
Esta combinación de mayores costos salariales y de seguridad social genera un reto financiero inmediato para los patronos, quienes deberán recalcular los salarios brutos y auditar las provisiones acumuladas para la primera quincena de enero. El impacto se extiende a los pasivos laborales de largo plazo de las empresas, como el aguinaldo y la cesantía.
Para los trabajadores, el panorama también presenta desafíos, ya que si su salario bruto supera los 918.000 mensuales, pagarán impuestos debido al estancamiento de los tramos del impuesto de renta, lo que podría reducir el beneficio real del ajuste salarial.
En resumen, el panorama financiero en Costa Rica se prepara para una transición administrativa de alto impacto, con cambios en las cargas sociales y los salarios que representan un reto tanto para empresas como para trabajadores, quienes deberán adaptarse a esta nueva realidad en el 2026.
