La candidatura presidencial de Mario Vizcarra, del partido Perú Primero, se enfrenta a un nuevo desafío legal que podría sacarlo de la contienda electoral. Hasta este martes, se habían presentado tres tachas que solicitan su exclusión, sustentadas en una condena previa por peculado que el propio aspirante consignó en su declaración jurada.
Vizcarra fue sentenciado a prisión suspendida por haber cobrado doble remuneración cuando trabajaba en el extinto Consejo Transitorio de Administración Regional de Moquegua. Este antecedente activa los alcances de la Ley 30717, norma que prohíbe postular a la presidencia y vicepresidencia a funcionarios o exfuncionarios condenados a pena privativa de la libertad, ya sea efectiva o suspendida.
La ley también extiende el impedimento a quienes tengan sentencia consentida o ejecutoriada por delitos como colusión, peculado o corrupción de funcionarios, incluso si han sido rehabilitados. Aunque esta disposición sigue vigente, su interpretación ha generado criterios distintos dentro del propio Tribunal Constitucional (TC).
Según el especialista en derecho electoral José Villalobos, "si el criterio del JNE es legalista, se aplicará la ley que está en vigencia, porque esta no ha sido declarada inconstitucional". Sin embargo, el experto también señala que "si aplica el control difuso, podría señalar lo que ha dicho el TC, que es una ley que afecta la participación política y va contra el principio de resocialización".
Y es que en 2018, una anterior conformación del TC evaluó declarar inconstitucional la Ley 30717, pero no alcanzó los votos necesarios, por lo que la norma quedó confirmada como constitucional. Bajo ese marco, el TC rechazó el recurso presentado por Luis Zubia condenado en el mismo proceso penal que Vizcarra cuando intentó postular a una alcaldía tras ser excluido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En años recientes, el TC ha emitido fallos en los que considera que la ley no debe impedir la postulación de personas que ya cumplieron su condena, al priorizar derechos como la participación política y el principio de resocialización. El caso de Vizcarra aún será materia de análisis por parte de las autoridades electorales.
