El régimen de excepción instaurado en El Salvador en 2022 ha trascendido su carácter temporal para convertirse en una forma estructural de ejercicio del poder estatal, erosionando progresivamente la democracia en el país, a pesar de mantener altos niveles de legitimidad electoral.
Un análisis sociológico del caso, realizado entre 2022 y 2025, revela que bajo el discurso de la seguridad, el régimen de excepción ha facilitado una concentración significativa del poder en el Ejecutivo, debilitando los contrapesos democráticos y reduciendo la independencia del sistema judicial. Asimismo, la suspensión del debido proceso y la ampliación de la detención administrativa han permitido detenciones masivas, afectando de manera desproporcionada a sectores populares.
Si bien el régimen goza de una alta legitimidad social sustentada en la reducción de los homicidios y la percepción de mejora en la seguridad ciudadana, organismos internacionales de derechos humanos han documentado graves violaciones a los derechos fundamentales, lo que ha contribuido a la normalización de prácticas autoritarias.
El caso salvadoreño resulta especialmente relevante debido a la coexistencia de altos niveles de legitimidad electoral con procesos de debilitamiento institucional, concentración del poder y restricción sistemática de derechos humanos. Esto refleja la tensión entre orden, miedo y democracia en sociedades marcadas por la inseguridad, donde el discurso de excepción puede legitimar el surgimiento de liderazgos personalistas y la erosión de las normas democráticas.
El análisis concluye que el régimen de excepción en El Salvador ha trascendido su carácter temporal para consolidarse como una forma estructural de ejercicio del poder estatal, poniendo en riesgo la vigencia de la democracia y los derechos humanos en el país.
