Durante 2025, varias de las iniciativas legislativas promulgadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quedaron atrapadas en una compleja batalla judicial. Algunas fueron frenadas por la Justicia de manera definitiva y otras quedaron suspendidas de forma provisoria.
Una de las apuestas más fuertes de la administración Abbott fue la Senate Bill 4, una ley de inmigración aprobada en 2023 que pretendía otorgar a la Policía local la facultad de detener a personas sospechadas de haber cruzado de manera irregular la frontera entre Texas y México. Sin embargo, fue bloqueada de inmediato, lo que dio inicio a una extensa batalla judicial.
En julio de 2025, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, determinó que la norma es inconstitucional y mantuvo bloqueada su aplicación. El fallo sostuvo que la SB 4 entraba en conflicto directo con la legislación federal y con el rol exclusivo del gobierno nacional en materia migratoria.
Otra ley impulsada en el entorno político de Abbott fue la SB 10, que obligaba a exhibir los Diez Mandamientos en las aulas de las escuelas públicas de Texas. A lo largo de 2025, esta iniciativa acumuló reveses judiciales que pusieron en duda su viabilidad constitucional y derivaron en órdenes concretas para retirar los carteles religiosos.
El rediseño de los mapas congresionales fue otro frente de conflicto legal. En 2025, la Legislatura de Texas aprobó un nuevo esquema de distritos con el objetivo de otorgar a los republicanos hasta cinco bancas adicionales en la Cámara de Representantes. Un tribunal federal de tres jueces en El Paso consideró inicialmente que el mapa constituía un caso de manipulación racial del trazado electoral y ordenó su bloqueo. Sin embargo, el estado apeló rápidamente y la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el esquema entrara en vigencia para las elecciones de medio término de 2026.
El último gran revés judicial de 2025 para una ley firmada por Abbott fue la SB 2420, destinada a regular el acceso de menores a las tiendas de aplicaciones digitales. Un juez federal dictó una orden que suspendió su entrada en vigencia al considerar que varios de sus artículos eran vagos y excesivamente amplios.
A lo largo del año, los tribunales federales demostraron ser un obstáculo clave para las ambiciosas iniciativas legislativas del gobernador republicano, que se vio obligado a retroceder en varios de sus proyectos más polémicos. La batalla judicial en torno a estas leyes pone de manifiesto la complejidad y los desafíos que enfrentan los estados a la hora de legislar en áreas sensibles como la inmigración, la educación y la regulación digital.
