La jueza federal Trina Thompson, de California, declaró este miércoles que la decisión del Gobierno de Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60.000 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal fue ilegal.
La magistrada consideró que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, ordenó la anulación de ese beneficio migratorio de manera "predestinada" y no cumplió con el procedimiento establecido en la ley.
Thompson restauró el TPS para las nacionalidades afectadas y rechazó una solicitud del Gobierno para desestimar la causa. Según la jueza, la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua incumplía la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Los inmigrantes amparados por el TPS habían demandado al DHS alegando que puso fin al amparo que los protegía de la deportación debido a una "animosidad racial". La decisión judicial de hoy, celebrada por organizaciones que representan a los beneficiarios, busca reparar el daño causado a miles de personas que llevan décadas viviendo en Estados Unidos.
El TPS es un tipo de beneficio migratorio que el DHS puede conceder a extranjeros cuyos países de origen atraviesan situaciones de emergencia que les impiden regresar con seguridad. La jueza consideró que el Gobierno de Trump no siguió el procedimiento adecuado para eliminar esta protección.
Esta resolución judicial supone un importante revés para las políticas migratorias restrictivas impulsadas durante la Administración Trump y abre la puerta a que miles de inmigrantes puedan mantener su estatus legal en Estados Unidos.
