La industria petrolera venezolana se enfrenta a una situación crítica debido a la acumulación de inventarios y las restricciones a las exportaciones. Según informes de mercado, Venezuela está cerca de alcanzar su capacidad máxima de almacenamiento, lo que ha obligado a la empresa estatal PDVSA a comenzar a cerrar (shut-in) parte de su producción, especialmente en la Faja del Orinoco.
Este cierre de pozos, que se estima en un 25% de la producción en esa región y cerca del 15% a nivel nacional, representa un serio desafío para la industria petrolera venezolana. La reactivación de estos pozos cerrados puede ser técnicamente compleja y costosa, sobre todo en el caso de los crudos pesados de la Faja del Orinoco, donde el enfriamiento de la zona productora, la restauración de la cámara de vapor y otros fenómenos pueden reducir de forma permanente la productividad de los pozos.
Estudios sobre cierres prolongados de pozos (shut-ins) muestran que entre un 60-70% de los pozos pueden volver a producir en niveles similares, pero hasta un tercio nunca recupera producción comercial, especialmente en yacimientos complejos o de baja productividad. En el caso de Venezuela, esto podría significar la pérdida efectiva de reservas recuperables, lo que tendría un impacto duradero en el perfil de producción del país.
Según el análisis, esta situación de bloqueo, que se percibe como transitoria, tiene en realidad implicaciones estratégicas profundas. La industria petrolera venezolana ya había venido experimentando un declive sostenido en la producción, pasando de 3 millones de barriles por día a menos de 1 millón en la actualidad. Los cierres de pozos por acumulación de inventarios amenazan con acelerar aún más esta tendencia, llevando la producción a niveles históricamente bajos.
Expertos señalan que la recuperación de la industria petrolera venezolana requerirá no solo reactivar los pozos cerrados, sino también abordar de manera integral los problemas estructurales que han afectado al sector, como la falta de inversión, el deterioro de la infraestructura y la politización de la empresa estatal PDVSA. Solo así se podrá asegurar que el petróleo, un recurso estratégico para Venezuela, esté en manos de empresas privadas concesionadas y no sea objeto de apropiación por parte de grupos políticos.
