La declaratoria electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras ha cerrado una etapa clave del proceso electoral de 2025, pero a su vez ha activado un itinerario jurídico que marcará la estabilidad política del país en los próximos meses.
Tras el anuncio formal de los resultados electorales, se abre ahora un camino legal que incluye apelaciones, recuentos jurisdiccionales y, en última instancia, la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Este proceso, si bien técnico y exigente, es el único previsto por la ley para resolver cualquier inconformidad con los resultados.
Para el abogado Kenneth Madrid, el hecho de que el CNE haya cumplido con los plazos legales "da tranquilidad" y evita que la crisis se traslade al Congreso, una institución que ya arrastra cuestionamientos de legitimidad. El mensaje es claro: la ley se activó a tiempo y ahora los conflictos deberán resolverse en el terreno institucional, dejando atrás las protestas en las calles o en redes sociales.
Sin embargo, el analista electoral Julio Larios advierte que este proceso abre una responsabilidad inmediata para el nuevo Congreso: deducir responsabilidades por los intentos de boicot o entorpecimiento del proceso electoral. Larios agrega que una reforma profunda de la ley electoral y la revisión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) son retos mayores, sin los cuales las mismas fallas podrían repetirse en futuros comicios.
La declaratoria electoral marca el fin del conteo y el escrutinio formal, pero inaugura un ciclo decisivo de impugnaciones, sentencias y reformas. El desafío es que las instituciones resuelvan con apego a la ley y que el poder político asuma, sin evasivas, las reformas que el proceso electoral dejó al descubierto. Cerrar una elección no significa cerrar el debate sobre cómo se elige y se gobierna en Honduras.
