La Central Obrera Boliviana (COB), una de las organizaciones sindicales más influyentes del país, se encuentra envuelta en un escándalo de proporciones luego de que se revelaran los elevados salarios que perciben algunos de sus dirigentes. Mientras la COB lidera movilizaciones para exigir la reducción de los gastos del Estado y la disminución de sueldos de los empleados públicos, se ha descubierto que al menos 465 personas que figuran en las planillas de pago de las empresas subsidiarias estatales Huanuni y Colquiri, dependientes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), reciben emolumentos mensuales que oscilan entre los 30.000 y 88.000 bolivianos.
Entre los beneficiarios de estos sueldos millonarios se encuentran algunos miembros de la actual dirigencia de la COB, como Mario Argollo, quien recientemente asumió como máximo representante sindical del país. Argollo, en su nuevo cargo, ha convocado a marchas y otras medidas de presión para exigir la eliminación del Decreto Supremo 5503, que puso fin a la subvención a los carburantes, una medida que representaba un gasto de entre 3.000 y 3.800 millones de dólares anuales para el Estado.
Los manifestantes salieron a las calles en contra del "gasolinazo", pero la convocatoria fue perdiendo fuerza ante la abrumadora mayoría de opiniones favorables a la eliminación de la subvención a los combustibles, que durante 20 años sirvió para enriquecer ilegalmente a cientos de funcionarios corruptos que lucraban con la importación de diésel y gasolina, además de recibir "enormes ganancias" con el contrabando hacia terceros países de carburantes baratos pagados por los bolivianos.
La revelación de estos elevados salarios de los dirigentes sindicales ha puesto en tela de juicio la legitimidad de las movilizaciones promovidas por la COB, ya que se evidencia una clara contradicción entre sus demandas y los beneficios que algunos de sus líderes están percibiendo. Mientras exigen recortes salariales para los empleados públicos, los propios dirigentes de la central obrera se han convertido en los mayores beneficiarios de los altos sueldos en el sector estatal.
Esta situación ha generado indignación entre la población, que ve cómo los dirigentes sindicales, en lugar de defender los intereses de los trabajadores, se han convertido en una élite privilegiada que se enriquece a costa del erario público. La credibilidad y el liderazgo de la COB se han visto seriamente cuestionados, y se espera que este escándalo tenga importantes repercusiones en el futuro de la organización y en la dinámica de las relaciones laborales en Bolivia.
