El Perú atraviesa un preocupante proceso de cooptación autoritaria del Estado, según un análisis jurídico de expertos. Más del 80% de los actuales congresistas buscan la reelección, revelando una estrategia colectiva orientada a la permanencia en el poder.
El pacto parlamentario que sustenta esta maniobra busca imponer reglas electorales funcionales a sus intereses, debilitar autoridades autónomas y presionar al sistema de justicia para que actúe al margen de los compromisos jurídicos internacionales.
Esto representa una grave amenaza a la primacía del orden jurídico, que debe operar como el límite estructural del poder en una democracia. Tal como afirmó el magistrado César San Martín, ninguna mayoría se sitúa por encima de la Constitución, pues allí reside el núcleo del constitucionalismo democrático.
La Constitución y los tratados internacionales incorporados al bloque de constitucionalidad fijan límites, ordenan el ejercicio del poder y protegen a los ciudadanos frente al abuso. Sin embargo, el pacto parlamentario busca debilitar precisamente estos mecanismos de control.
Defender hoy la primacía republicana del orden jurídico es un acto de afirmación democrática. La ciudadanía se sostiene sobre la ley, la república se consolida con justicia independiente y la democracia adquiere densidad cuando el poder reconoce sus límites. Ello debe marcar la vigilancia ciudadana hasta las elecciones del 2026.
