La controvertida resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, que certificó los resultados de las elecciones generales del pasado 28 de noviembre, ha desatado una crisis política en el país. El magistrado oficialista Marlon Ochoa, representante del partido gobernante Libre, denunció un "pacto de corrupción electoral" orquestado por sus colegas Ana Hall y Cossette López, quienes proclamaron al candidato nacionalista Nasry Asfura como presidente electo.
Ochoa advirtió que los resultados emitidos son "nulos y carecen de toda validez legal", ya que no se han contabilizado más de 4.000 actas electorales pendientes de escrutinio especial. Además, acusó a Hall y López de intentar replicar la declaratoria presidencial en los niveles legislativo y municipal, sin resolver los recursos e impugnaciones presentados.
"Mientras no se cuenten todas las actas no es válida esa declaratoria", enfatizó el magistrado de Libre, quien anticipó que presentará una denuncia ante el Ministerio Público para que se formulen requerimientos fiscales contra quienes, a su juicio, buscan "apropiarse de la voluntad soberana del pueblo hondureño".
Ochoa lamentó que los comicios, que costaron alrededor de 154 millones de dólares, hayan sido de "tan baja calidad", y cuestionó la inédita intervención del expresidente estadounidense Donald Trump, quien expresó su apoyo al candidato nacionalista Asfura.
El consejero oficialista señaló que la declaratoria presidencial se realizó sin contar 306 urnas con una carga electoral de 132.000 votantes, es decir, cinco veces la diferencia entre Asfura y el aspirante liberal, Salvador Nasralla, quien quedó segundo por un margen de apenas 26.000 sufragios.
Ante esta situación, Ochoa denunció que sus colegas Hall y López, junto al suplente Carlos Cardona, han adoptado "fallos en clara violación de la Ley Electoral" al proclamar a Asfura como presidente electo. Esto ha generado una profunda crisis institucional en Honduras, que podría tener graves repercusiones políticas y sociales en el país.
