El Gobierno de Gustavo Petro anunció un aumento del 23,7% en el salario mínimo colombiano para 2026, una decisión que cobra notable relevancia por ubicarse muy por encima del índice de inflación y alejarse de las recomendaciones habituales de expertos en productividad.
Este incremento, comunicado públicamente a dos días de finalizar 2025, sitúa la remuneración mensual total, incluido auxilio de transporte, en $2.000.000 para el próximo año, según datos del propio presidente en su alocución nacional. El mandatario argumentó que esta política tiene como objetivo cubrir integralmente los costos de alimentación, vivienda y salud de los trabajadores, en línea con el concepto de salario mínimo vital promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dentro de la nueva estructura salarial, se distinguen dos componentes: un salario base de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095. Sin el componente de transporte que no es aplicable en todas las regiones de Colombia el salario vital se mantendrá en $1.750.905, lo que representa un aumento del 22,7% respecto al valor del año anterior.
La decisión del Gobierno Petro ha generado una fuerte reacción del expresidente Iván Duque, quien no dudó en expresar su preocupación por el impacto negativo de la medida en la economía nacional. Duque considera que el incremento golpeará el bolsillo de los pequeños y medianos empresarios, que tendrán que despedir a varios trabajadores para reducir costos y mantenerse a flote.
"El incremento del salario mínimo no está acompañado de un incremento de la productividad del 23%. Las empresas, y en particular las pequeñas, para las que los salarios son una parte muy grande de sus costos, se enfrentarán a duras decisiones sobre su personal, o a evaluar su propia supervivencia. La medida es dura para todos pero particularmente desigual hacia los pequeños negocios", expuso el exmandatario.
Incluso, Duque señaló que el Gobierno Petro, al parecer, pretende perjudicar a las personas que trabajan de manera justa para promover el desarrollo del país. Advirtió que el aumento del 23,7% obligará al Banco de la República a tomar medidas con respecto a la tasa de interés con el fin de reducir el impacto, lo que, según su análisis, tiene consecuencias en materia de inversión.
Por su parte, el Gobierno de Petro defiende la medida argumentando que tiene como objetivo cubrir integralmente los costos de alimentación, vivienda y salud de los trabajadores, en línea con el concepto de salario mínimo vital promovido por la OIT. La decisión ha generado un intenso debate en torno a los impactos económicos y sociales que podría tener en el país.
