El Perú atraviesa una grave crisis democrática debido al uso indebido de la figura de la inhabilitación política por parte del Congreso, que está siendo utilizada para excluir a adversarios políticos de la contienda electoral sin respetar las garantías del debido proceso.
La fuente analizada señala que las democracias no se quiebran únicamente mediante golpes de Estado o la suspensión de elecciones, sino que también pueden degradarse de forma más silenciosa cuando los mecanismos de control del poder son usados para castigar o silenciar a los opositores políticos. Esto es precisamente lo que está ocurriendo en Perú con la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso.
El control político del Congreso es legítimo, pero solo cuando se ejerce dentro de los márgenes del Estado de derecho. Sin embargo, en el caso peruano, las inhabilitaciones se están aplicando sin debido proceso, sin pruebas consistentes, sin imparcialidad y sin proporcionalidad, lo que las convierte en actos de fuerza y no en responsabilidad constitucional.
Esta práctica se enmarca en un contexto más amplio de deterioro institucional en Perú, donde el ejercicio del poder se vuelve cada vez más arbitrario y concentrado en un Congreso que actúa sin contrapesos efectivos. Las instituciones clave, como la Presidencia de la República, se encuentran progresivamente subordinadas a este poder legislativo.
Un aspecto particularmente preocupante es que quienes votan las inhabilitaciones son, al mismo tiempo, competidores electorales de las personas sancionadas. Esto rompe cualquier estándar mínimo de imparcialidad y convierte al Congreso en un actor electoral con poder punitivo, capaz de decidir quién puede competir y quién debe ser excluido.
Para los defensores de este "pacto parlamentario autoritario", las inhabilitaciones políticas sin debido proceso corresponden a un acto de fiscalización y de lucha contra la corrupción. Sin embargo, normalizar este comportamiento abusivo en plena campaña electoral implica aceptar que la competencia política sea reemplazada por la exclusión y que la ciudadanía deje de ser el árbitro final del poder.
En un año decisivo para el país, defender el debido proceso es la condición indispensable para preservar el vestigio democrático que permitirá retomar la senda del proyecto republicano en Perú.
