Hace más de 30 años, el 29 de diciembre de 1990, el entonces presidente Carlos Menem firmó el Decreto 2741 que puso en libertad a los excomandantes de las Juntas Militares que habían sido condenados por un plan de desaparición, tortura y exterminio durante la última dictadura militar argentina.
Este indulto, lejos de ser un gesto de "reconciliación nacional", se recuerda como el punto máximo de una profunda tensión política entre la justicia civil y el poder castrense en el país. Menem llegó a la presidencia en 1989 con un país sumido en la hiperinflación y unas Fuerzas Armadas que aún conservaban capacidad de presión política, tras los levantamientos carapintadas contra la gestión de Raúl Alfonsín.
La estrategia del mandatario riojano fue drástica: la "reconciliación nacional" a través del olvido jurídico. El Decreto 2741 no fue un hecho aislado, sino que formó parte de la segunda tanda de indultos otorgados por Menem. Mientras que los decretos de 1989 habían beneficiado a militares no condenados y a líderes guerrilleros, el de 1990 fue el golpe definitivo.
Figuras clave de la represión como Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Orlando Ramón Agosti y Ramón Camps recuperaron la libertad. El gobierno sostuvo que el país necesitaba un "borrón y cuenta nueva" para atraer inversiones y estabilizar el sistema político.
Sin embargo, desde el punto de vista del derecho internacional, estos decretos caminaban sobre una cornisa peligrosa. Los crímenes cometidos por las Juntas ya eran considerados por gran parte de la doctrina como delitos de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles y no sujetos a amnistías o indultos por parte de los estados nacionales.
La respuesta de la sociedad civil fue de un rechazo visceral. Aquel diciembre de 1990 marcó el inicio de una nueva etapa de resistencia para los organismos de Derechos Humanos. Ante la imposibilidad de ver a los genocidas tras las rejas, nació una nueva forma de condena social: el escrache.
Las organizaciones de familiares y el grupo H.I.J.O.S. llevaron la justicia a las puertas de los domicilios de los indultados. La premisa era clara: "Si no hay justicia, hay escrache". El Decreto 2741, en lugar de pacificar, trasladó el conflicto de los tribunales a los barrios, manteniendo la herida en la cotidianeidad de los argentinos.
Finalmente, el andamiaje de impunidad comenzó a desmoronarse en el nuevo milenio: en 2003, el Congreso nacional declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y en 2007 la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo histórico que declaró la inconstitucionalidad de los indultos de Menem, argumentando que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para perdonar crímenes de lesa humanidad.
