La amnistía por el procés catalán cumplirá en 2026 dos años desde su aprobación, habiendo beneficiado ya al grueso de independentistas encausados. Sin embargo, los líderes políticos como el expresidente Carles Puigdemont aún permanecen pendientes de que el Tribunal Constitucional decida antes del verano si les aplica la ley, abriendo la puerta a su regreso a España.
El goteo de archivos de causas vinculadas al procés, principalmente de manifestantes y policías imputados, ha marcado la actualidad judicial en Cataluña en 2025. Ese año también se sentó en el banquillo al expresidente catalán Jordi Pujol y a su familia, tras más de una década de investigación, y se produjo la absolución del futbolista Dani Alves en un caso de violencia sexual que generó un intenso debate público.
El Tribunal Constitucional avaló en junio pasado la ley de amnistía, pero esto no ha sido suficiente para desencallar su aplicación en el caso de Puigdemont, Oriol Junqueras y Jordi Turull, quienes siguen inhabilitados. El Supremo se ha reafirmado en su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación que pesa sobre estos líderes, quienes han recurrido ante el Constitucional con la esperanza de que desbloquee la situación.
De estimar su recurso de amparo, el Tribunal Constitucional despejará el camino para el regreso de Puigdemont tras más de ocho años huido de la justicia española. Un proceso en el que será crucial el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que debe decidir en los próximos meses si amnistiar la malversación y el terrorismo contraviene la normativa comunitaria.
La decisión de la justicia europea sobre la amnistía también afectará al futuro de la causa abierta en el Tribunal de Cuentas por los gastos del procés y al proceso contra los CDR acusados de terrorismo. Mientras tanto, algunos responsables de la organización del 1-O, como Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, siguen a la espera de que se les aplique la amnistía.
