La CPMI (Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación) del INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) en Brasil se ha visto obstaculizada por una serie de hábeas corpus que han garantizado el silencio de los investigados por fraudes contra jubilados durante cuatro meses de trabajo. A pesar de perder la relatoría y la presidencia de la comisión, el gobierno logró blindar a aliados y parientes del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, impidiendo que se convocara a testigos clave como el empresario Fábio Luís Lula da Silva, el hijo mayor del presidente.
La estrategia de la base gubernista ha sido efectiva hasta ahora, logrando bloquear las convocatorias de testigos que podrían comprometer a políticos cercanos al presidente. Sin embargo, la CPMI ahora se propone cambiar de enfoque y concentrarse en investigar los préstamos consignados de los bancos a partir de febrero de 2026, cuando retome sus actividades.
Durante los cuatro meses de funcionamiento de la CPMI, al menos 21 hábeas corpus fueron concedidos a los investigados por ocho ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), lo que ha dificultado el avance de las investigaciones sobre el esquema de fraudes que puede haber desviado hasta 6.300 millones de reales de las jubilaciones desde 2019.
A pesar de no haber logrado penetrar en el núcleo político, la CPMI volverá en 2026 con el objetivo de investigar los préstamos consignados, algunos de los cuales llegan a cobrar tasas de interés de hasta el 22% descontadas directamente de la nómina de los jubilados.
