El Perú enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, con cifras alarmantes de criminalidad que no dan tregua al Gobierno. Los datos oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana confirman que los delitos como extorsión, sicariato y secuestro han aumentado drásticamente, afectando a diversos sectores de la población.
Según los registros, hasta el 27 de diciembre de 2025 se reportaron 25,196 casos de extorsión, un 20% más que el año anterior. Incluso la cifra del Ministerio Público es aún mayor, llegando a 27,029 denuncias, con Lima Metropolitana como la zona más golpeada, donde al menos 10,562 personas fueron víctimas de este delito, principalmente vinculado al transporte público.
La situación ha desencadenado cinco paros de transportistas en Lima y Callao, quienes exigen mayor efectividad del Estado frente a las constantes amenazas y ataques. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, reveló que al menos el 80% de las empresas de este rubro pagan cupos mensuales de alrededor de S/30,000 a organizaciones delictivas.
Pero los problemas de seguridad no se limitan al transporte. Otros sectores como el artístico y el de las bodegas también sufren las consecuencias de la violencia delincuencial. Según Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, al menos 65 orquestas pagan el 30% de sus ganancias a bandas criminales, mientras que más de 1,300 bodegas cerraron este año por amenazas y extorsiones.
Incluso el propio Sistema Judicial se ha visto afectado, con 68 fiscales que requieren de resguardo policial debido a las amenazas y atentados de las bandas delictivas que intentan evitar que cumplan su labor. César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana contra la Criminalidad del Perú (APROSEC), calificó esta situación como preocupante, señalando que los fiscales y jueces enfrentan tres problemas: estar amenazados, ser corruptos o tener miedo de hacer su trabajo.
A nivel general, este 2025 se reportaron 2,451 homicidios a nivel nacional, un 5% más que el año anterior y más del 10% frente a 2023. Es decir, casi 7 asesinatos por día. A pesar de los constantes estados de emergencia y los más de 1 millón 41,736 operativos realizados por la Policía Nacional, la violencia y el crimen organizado siguen en aumento.
Para el exdirector de la PNP, Eduardo Rocha, el problema radica en la falta de personal policial y la ineficacia de los estados de emergencia, ya que no se está cumpliendo con el patrullaje en los puntos críticos de la ciudad. Rocha señala que en las comisarías hay, en el mejor de los casos, 80 policías, cuando deberían tener entre 120 y 240.
Ante este panorama desolador, el director de APROSEC, César Ortiz, considera que la situación podría agravarse aún más en 2026, durante el proceso electoral, advirtiendo sobre la posibilidad de que se repitan hechos violentos como los ocurridos en Ecuador y Colombia, donde candidatos presidenciales han sido asesinados.
El Gobierno de Jerí parece haber perdido la batalla contra la delincuencia, admitiendo que no podrá ganar esta lucha y dejando la responsabilidad a la próxima gestión. Sin embargo, las cifras muestran que la criminalidad sigue descontrolada, con graves consecuencias para la seguridad de los ciudadanos y el desarrollo del país.
