El Perú cerró el 2024 con un Producto Bruto Interno (PBI) de US$289,221.97 millones, según el Banco Mundial. Sin embargo, esta cifra récord esconde una realidad preocupante: altos índices de anemia infantil y pobreza multidimensional.
Según las estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el PBI asciende ahora a aproximadamente US$317,000 millones, lo que convierte a la economía peruana en una de carácter billonario. No obstante, este crecimiento económico no se ha traducido en una mejora sustancial en la calidad de vida de la población.
Uno de los principales indicadores que reflejan esta disparidad es la anemia infantil. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES) 2024, la anemia en niños menores de 3 años alcanzó el 43.7% en 2024, superando el 43.1% del año anterior. En las áreas rurales, este porcentaje llega al 50%.
La anemia en la primera infancia puede tener consecuencias graves a largo plazo, afectando el desarrollo cognitivo, el lenguaje, la memoria y la capacidad de aprendizaje de los niños. Según Unicef, un niño o niña con anemia entre los 0 y 3 años puede ver reducido su coeficiente intelectual en un 9% en comparación con aquellos que no sufrieron la enfermedad.
Otro indicador preocupante es la pobreza multidimensional, que considera no solo el nivel de consumo, sino también las condiciones de vida de las personas. Este indicador cerró el 2024 en 29.8%, es decir, 3 de cada 10 peruanos se encuentran en esta condición. En departamentos como Puno y Loreto, el porcentaje supera el 50%.
Además, el Perú presenta un bajo nivel de inclusión financiera, con un índice de crédito total sobre PBI que supera por poco el 30%, muy por debajo del promedio de América Latina (48.9%). Esto implica que el 70% de la población peruana no tiene acceso a recursos del sistema financiero, lo que limita sus oportunidades de inversión en emprendimientos o educación.
Estos datos ponen en evidencia que el crecimiento económico registrado en el Perú no se ha traducido en una mejora equitativa de la calidad de vida de la población. Es necesario que las autoridades implementen políticas públicas efectivas para abordar estos desafíos y garantizar un desarrollo más inclusivo y sostenible.
