El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) presentó un nuevo decreto que regulará a las universidades privadas en Uruguay, en un claro movimiento para fortalecer la educación pública. Por otro lado, el Consejo de Formación Docente de ANEP decidió suspender los convenios que financiaban becas para cursar posgrados en instituciones privadas, argumentando que el dinero público debe ir a la universidad estatal.
Estas medidas reflejan la postura ideológica del gobierno de izquierda encabezado por Yamandú Orsi, que ve con recelo el rol de las universidades privadas en el sistema educativo. Según las autoridades, el nuevo decreto elimina el concepto de "autorización definitiva" para las privadas, reemplazándolo por "consolidación institucional", lo que implica un mayor control estatal.
Paralelamente, el Consejo de Formación en Educación (CFE) firmó un convenio con la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina (Unipe) para que 80 docentes de ANEP cursen una maestría, en un claro gesto de priorizar la educación pública por sobre la privada. El presidente del CFE, Walter Fernández Val, justificó la medida afirmando que "la financiación de becas de posgrado con dineros del Estado tiene que correr hacia universidades públicas".
Sin embargo, esta visión choca con datos que muestran la relevancia de las universidades privadas en Uruguay. Según los rectores, la mitad de los posgrados del país se gradúan en estas instituciones, llegando al 70% en el área de Tecnología de la Información. Además, las privadas tienen mejores índices de graduación que la Universidad de la República (Udelar).
Para algunos analistas, la postura del gobierno responde a una concepción ideológica que ve a lo privado como inherentemente mercantilista, mientras que lo público sería el único garante de la igualdad y la defensa de derechos. Sin embargo, expertos sostienen que la educación es un bien público, independientemente de si las instituciones son privadas o estatales, y que la diversidad de opciones es un derecho constitucional.
