El Gobierno de Ecuador ha anunciado el cierre de los pasos fronterizos con Colombia y Perú, argumentando "criterios de seguridad nacional" orientados a combatir el crimen organizado que opera en esas zonas. La medida, que entró en vigor el pasado 24 de diciembre, ha causado rechazo en algunas provincias fronterizas, como Loja, cuyo sector turístico teme el impacto económico.
Según el Ministerio de Gobierno, la decisión se basa en "análisis técnicos y de inteligencia" y busca "cerrar el paso a economías criminales, evitar el uso de rutas irregulares y proteger a la ciudadanía frente a delitos como la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato". Al mismo tiempo, aseguran que se busca fortalecer el comercio legal y la seguridad de las comunidades fronterizas.
Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa, con el objetivo de intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años, ubicándolo a la cabeza del índice de homicidios de Latinoamérica.
Frente a las preocupaciones expresadas por algunas provincias, el Ministerio de Gobierno indicó que este sábado mantuvieron una mesa de trabajo con alcaldes y representantes de las asociaciones productivas de la provincia de Loja, para coordinar acciones "sin debilitar el control fronterizo".
La medida ha generado un debate sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y el impacto económico en las zonas fronterizas. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de tomar acciones contundentes contra el crimen organizado, algunos sectores temen que el cierre de los pasos fronterizos pueda afectar seriamente a la economía local, especialmente en el ámbito turístico.
