En un hecho histórico, el Tribunal Supremo de España condenó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados. La sentencia, que contó con el voto particular de dos magistradas a favor de la absolución, marca un precedente sin precedentes en la cúpula judicial del país.
García Ortiz fue imputado, procesado y juzgado por filtrar información confidencial del caso de fraude fiscal que involucraba a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La filtración, atribuida al propio Fiscal General o a alguien de su entorno, se produjo a través de un correo electrónico y una nota de prensa de la Fiscalía.
El Tribunal Supremo consideró que el Fiscal General no podía responder a un "bulo" difundido por el jefe de gabinete de Ayuso mediante la comisión de un delito, y que sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación.
La sentencia ha generado una fuerte reacción política, con el Gobierno defendiendo a García Ortiz y el PP criticando al presidente Sánchez por apoyar a un "delincuente". Por su parte, Ayuso afirmó que la condena "haría caer a plomo a cualquier gobierno en una democracia liberal".
Ahora, García Ortiz presentará recursos ante el Tribunal Constitucional y la Justicia europea, apoyándose en el voto particular de las dos magistradas. Además, la Inspección de la Fiscalía General deberá estudiar si le expulsa o le suspende como fiscal, algo que el Supremo considera "excesivo".
Este caso ha puesto de manifiesto la profunda fractura entre el Gobierno, el PP y la Comunidad de Madrid, y ha marcado un hito histórico en la cúpula judicial española.
