El débil y descoordinado gobierno presidido por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, apoyado en el Movimiento Semilla y condicionado por el partido Raíces, ha aprobado el Presupuesto General de la Nación para el 2026 en medio de fuertes críticas.
El oficialismo, que se promovió como un movimiento de cambio y lucha contra la corrupción, recurrió a un pacto de distribución de recursos y prebendas, con montos inflados y sin criterios técnicos, alimentando el sistema clientelar que ha carcomido la democracia guatemalteca.
Esta aprobación presupuestaria se da en un contexto preocupante, pues en 2026 se elegirán autoridades clave como magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Fiscal General y el Contralor General de Cuentas. El oficialismo, ante su precariedad e incompetencia, ha optado por acomodarse con las viejas prácticas del sistema con tal de sobrevivir políticamente.
Los partidos políticos en el Congreso también estarán inmersos en negociaciones sobre intereses particulares, más que en una agenda de país. Ante este panorama, es fundamental que sectores productivos, sociales y académicos surjan con iniciativas y propuestas que contribuyan a articular una agenda estratégica que genere confianza nacional e internacional. Guatemala necesita un esfuerzo comprometido y disruptivo para salir de estos círculos viciosos de la política.
